La tensión crece entre un grupo de jubilados del Ministerio de Educación luego del rechazo judicial a su acción de protección por los retrasos en la devolución del IVA. La jueza que conoció el caso emitió su decisión en Guayaquil, lo que encendió el malestar del colectivo porque consideran el dictamen “una burla”.

El fallo generó enorme preocupación porque los afectados acudieron al sistema judicial con la expectativa de obtener una solución rápida. Sin embargo, encontraron una respuesta que intensificó su frustración y los motivó a activar una apelación que podría abrir un nuevo capítulo legal.

Jubilados cuestionan la decisión judicial y relatan lo ocurrido

La acción de protección por los retrasos en la devolución del IVA ingresó el 2 de septiembre bajo el patrocinio del abogado Jorge Itúrburu.

Después de la audiencia virtual, la jueza escuchó a todas las partes y emitió su dictamen en menos de un minuto, algo que desató una fuerte molestia entre los jubilados que esperaban un análisis más profundo. “En pocas palabras no aceptó la acción de protección interpuesta por las ocho personas adultas mayores”, afirmó Harry Valarezo, representante de los jubilados de las Zonas 5 y 8 del Ministerio de Educación.

El dirigente explicó que la jueza argumentó que no observó ninguna vulneración de derechos, una postura que el grupo rechaza con firmeza. Además, agregó que la rapidez del dictamen generó dudas sobre la atención otorgada a un caso que involucra a adultos mayores que dependen del reembolso del impuesto.

Devolución del IVA: impacto en más de un millón de adultos mayores

Mientras avanza la indignación, los jubilados ya definieron el siguiente paso. Esperan la notificación escrita que llegará en próximos días para presentar la apelación formal ante la instancia correspondiente. Ellos calificaron la sentencia como “una burla, ofensa, engaño”, palabras que describen el sentimiento colectivo frente a una situación que consideran injusta.

Valarezo señaló que este caso no afecta únicamente a los ocho exfuncionarios involucrados. La decisión tiene repercusión nacional porque golpea a más de 700.000 jubilados y 1’500.000 adultos mayores que dependen de la devolución del IVA para equilibrar sus gastos mensuales. La situación intensifica la sensación de desamparo entre quienes requieren ese beneficio para cubrir necesidades básicas.