El gobierno de Colombia y la ONU iniciaron este jueves 28 de agosto de 2025 negociaciones en el departamento de Guaviare. Allí están los 33 militares retenidos desde hace tres días por pobladores en una comunidad amazónica con presencia de narcocultivos y bajo control de la disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco.
Negociaciones con la comunidad
Las delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y representantes de la ONU se desplazaron hasta la zona para establecer un diálogo directo con la población y buscar la liberación de los uniformados. El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que la retención ocurrió tras combates con rebeldes y respaldada por unos 600 pobladores, que impidieron la salida de las tropas.
Las autoridades colombianas calificaron la situación como un “secuestro”. Argumentando que los militares están privados de movilidad y acceso a agua y alimentos, lo que vulnera sus derechos fundamentales. El Ministerio de Defensa informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por este hecho.
Secuestran a 34 militares colombianos en operativo contra disidencia de las FARC
Violencia en aumento en Guaviare
Los enfrentamientos iniciados el domingo dejaron 10 muertos y dos capturados, según los reportes oficiales. En un inicio se dijo de 34 soldados retenidos, pero la cifra fue corregida a 33. Este incidente se suma a la escalada violenta registrada en el país. La semana pasada, un camión bomba atribuido al grupo de Mordisco dejó seis personas muertas y más de 60 heridos en la ciudad de Cali.
El Ejército Nacional informó que reforzó la seguridad con más tropas en la zona de retención, para prevenir posibles ataques en un territorio considerado hostil. Las autoridades dicen que la población local es instrumentalizada por los rebeldes en un área con poca presencia estatal.
Contexto del conflicto
La disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC), liderada por Iván Mordisco. Actualmente, es el mayor bloque de excombatientes de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016. Tras abandonar los acercamientos de paz con el presidente Gustavo Petro en 2024, el grupo incrementó la presión armada contra el Estado colombiano.
El desarme de las FARC hace casi una década deja un vacío de poder en regiones como Guaviare, que es aprovechado por grupos insurgentes, paramilitares y carteles del narcotráfico. Estos actores financian sus operaciones mediante actividades como la extorsión y la minería ilegal, lo que mantiene a las comunidades locales en un contexto de violencia constante.
