El Presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto 269 con el objetivo de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional. Esta normativa establece perímetros específicos alrededor de los centros de privación de libertad, denominándolos como áreas reservadas de seguridad para prevenir amenazas externas. La disposición se fundamenta en la necesidad de garantizar el orden interno y la soberanía del Estado ecuatoriano. Con esta medida, el Gobierno busca un control más riguroso en los espacios circundantes a los recintos carcelarios.
Esta decisión de Daniel Noboa responde a la persistencia del conflicto armado interno que atraviesa el país. Bajo este escenario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumen una responsabilidad conjunta en la protección de estas zonas estratégicas. El decreto subraya que la misión fundamental es la defensa de la integridad territorial y la protección de los derechos ciudadanos. El liderazgo militar será determinante para ejecutar las operaciones necesarias en los perímetros declarados bajo reserva estatal.
Regulaciones y perímetros de seguridad bajo reserva
Mediante el Artículo 1, Daniel Noboa oficializó la declaratoria de estas zonas conforme al anexo “B”, el cual tiene clasificación de secreto. Esta reserva es vital para no comprometer las estrategias de defensa nacional aplicadas en cada centro penitenciario. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) aprobó previamente la delimitación técnica de estos espacios en su sesión número 62. Así, se establece un marco jurídico sólido para la intervención estatal en los anillos de seguridad externos.
Asimismo, Daniel Noboa aprobó regulaciones especiales que deberán cumplirse estrictamente en los perímetros de los centros detallados. Estas normas operativas se encuentran contenidas en el Anexo “C”, también bajo régimen de confidencialidad para fines de seguridad pública. El sistema de rehabilitación social mantendrá la responsabilidad de la gestión interna, mientras que las fuerzas del orden aseguran el control exterior. Estas acciones buscan mitigar el impacto de las amenazas que afectan la estabilidad de la seguridad nacional.
Ejecución y vigencia del decreto ejecutivo
El presidente Daniel Noboa encargó la ejecución de este decreto a los ministerios de Defensa, Interior y Economía y Finanzas. Estos organismos deben coordinar esfuerzos para delimitar los perímetros previamente declarados como zonas de seguridad en normativas anteriores. Se incluye también la participación del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. La meta es articular una respuesta estatal integral que proteja tanto a la población civil como a las instituciones.
Finalmente, Daniel Noboa dispuso que la normativa entre en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. El documento fue firmado en la localidad de Olón, provincia de Santa Elena, con fecha 29 de diciembre de 2025. Esta acción administrativa deroga cualquier norma de igual o menor jerarquía que se oponga a lo establecido en el presente decreto ejecutivo. Con este paso, el Ejecutivo reafirma su facultad de regular el territorio nacional para garantizar la paz pública.
