La Corte Constitucional (CC) iniciará este lunes 25 de agosto las audiencias públicas para analizar 33 demandas de inconstitucionalidad. Estas se presentaron contra las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia y de Integridad Pública, aprobadas por la Asamblea Nacional. Estas normativas, ya vigentes, enfrentan cuestionamientos legales que serán evaluados en tres sesiones programadas entre agosto y septiembre.
La primera audiencia, convocada para las 10h30 del lunes 25 de agosto, estará a cargo del juez constitucional Alí Lozada. Allí se abordarán cinco acciones públicas contra la Ley de Solidaridad Nacional. El miércoles 27 de agosto, a las 10h00, el magistrado José Luis Terán liderará la segunda audiencia, que analizará 26 demandas acumuladas contra la Ley de Integridad Pública.
Las audiencias serán en la Corte Constitucional
Finalmente, el lunes 1 de septiembre, a las 10h00, la jueza Alejandra Cárdenas dirigirá la tercera audiencia para revisar dos demandas contra la Ley de Inteligencia. De un total de 45 acciones de inconstitucionalidad presentadas hasta el 22 de agosto, la Corte Constitucional admitió a trámite 33. También otras 26 contra la Ley de Integridad Pública y cinco contra la Ley de Solidaridad Nacional y dos contra la Ley de Inteligencia.
Estas demandas reflejan cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las normativas, que abordan temas sensibles. Entre ellos se encuentran la transparencia, la seguridad y la cooperación ciudadana. Los abogados constitucionalistas Ximena Ron y David Gallegos explicaron que las audiencias de la Corte Constitucional no se rigen por las mismas normas procesales que otros órganos judiciales.
Se debe definir si se violó la Constitución
Aquello lo que otorga a los jueces constitucionales flexibilidad para definir los procedimientos. Este marco permite un análisis profundo de las demandas, con el objetivo de determinar si las leyes cumplen con los preceptos de la Constitución ecuatoriana. Las audiencias representan un paso crucial en la evaluación de estas leyes, cuya implementación ha generado debate en diversos sectores.
La Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Carta Magna, tiene la responsabilidad de resolver si las normativas se ajustan al marco legal del país. Las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, aprobadas recientemente, buscan fortalecer la gobernanza, la seguridad y la lucha contra la corrupción en Ecuador.
Sin embargo, las demandas reflejan preocupaciones de ciudadanos y organizaciones sobre posibles vulneraciones a derechos constitucionales. La resolución de estas audiencias podría tener un impacto significativo en la aplicación de las normativas y en el panorama político y jurídico del país, en un momento clave para la estabilidad institucional.
