Dos policías fueron procesados en Santo Domingo el 27 de agosto, luego de que la Fiscalía los señalara de haber solicitado dinero para permitir el tránsito de un camión cargado con cerveza, durante un control en carretera. El juez dictó prisión preventiva y ordenó 30 días de instrucción fiscal por el presunto delito de concusión.

Control en carretera termina en denuncia

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando los agentes detuvieron un camión proveniente de Tulcán con destino a Quevedo. Tras solicitar los documentos de la carga, al no obtener una respuesta satisfactoria, habrían exigido 8.000 dólares para dejar continuar el trayecto.

La denuncia señala que el dinero se transfirió a una tercera persona, mientras un empleado del propietario de la mercadería permaneció retenido hasta que se confirmara la transacción. Posteriormente, el camión retomó su camino.

Sin embargo, en un peaje cercano, otros uniformados revisaron el vehículo y detectaron irregularidades en la carga. El chofer reveló entonces que ya había pagado dinero a otros policías horas antes.

Investigaciones apuntan a dos policías

Con esa información, los nuevos agentes intervinieron. Se trasladaron hasta el punto del primer control y allí detuvieron a los dos implicados. Luego, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, que inició la investigación penal.

En la audiencia de formulación de cargos, el juez acogió el pedido de prisión preventiva para Jhonatan R. y Luis F., ambos en servicio activo. La causa quedó abierta bajo la figura de concusión.

Entre los elementos de convicción se presentaron copias de depósitos bancarios, versiones del chofer, del encargado y del propietario de la carga, así como los informes elaborados por la Unidad de Conducta Policial.

Antecedentes y contexto en Santo Domingo

Se expuso además que no era la primera vez que se registraban hechos similares en esa ruta. Los testigos aseguraron que el cobro irregular ya se había repetido en controles anteriores.

El juez dispuso que la instrucción fiscal dure 30 días. Durante ese tiempo, se recabarán testimonios, registros financieros y reportes policiales que puedan sustentar la acusación.

El delito de concusión, contemplado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con penas de tres a cinco años de prisión para servidores públicos que, abusando de su cargo, exijan beneficios económicos indebidos.

Autoridades refuerzan control interno

El caso se suma a otros procesos judiciales contra uniformados investigados por delitos como concusión, cohecho y extorsión, que han puesto bajo escrutinio la integridad de los controles viales en el país (31).