Con la promesa de dar sostenibilidad al sistema de seguridad social y en un escenario de profundas divisiones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, la cual fue propuesta por el Presidente Daniel Noboa. La normativa, enviada por el Ejecutivo como urgente en materia económica, reforma cuerpos legales clave. Esto es para reestructurar las finanzas y la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su banco, el BIESS.

Mientras el oficialismo defiende la ley como un blindaje para los fondos de los afiliados y una herramienta para dotar de liquidez al BIESS, la oposición advierte sobre un posible manejo discrecional de los recursos y el riesgo de una «privatización encubierta«.

Las claves de la reforma al BIESS

El corazón de la ley se centra en dotar al BIESS de nuevas y controvertidas herramientas financieras. Además, busca resolver problemas de larga data en su cartera de inversiones.

1. Venta de Cartera y Búsqueda de Créditos

Para generar liquidez inmediata, la reforma autoriza al BIESS a realizar operaciones de venta de su cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria. Además, le permite recibir créditos de entidades financieras nacionales o extranjeras, pudiendo usar como garantía o pignorar parte de su propio portafolio de inversiones. Según el Gobierno, esta medida es crucial para satisfacer la creciente demanda de préstamos quirografarios, que se proyecta superará los 5 mil millones de dólares.

2. Solución a Fideicomisos Paralizados

La ley busca resolver el estancamiento de 13 fideicomisos inmobiliarios donde el BIESS tiene invertidos cerca de USD 100 millones desde hace más de 15 años. La norma ahora faculta al banco a liquidar los negocios fiduciarios. Podrán hacerlo con los que no hayan cumplido su objetivo en 24 meses o reactivarlos. Esto si los estudios técnicos demuestran que la pérdida sería menor que con la liquidación.

3. Devolución de Fondos Complementarios

Uno de los cambios más significativos es la devolución de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a sus partícipes en un plazo de 90 días. Actualmente, el BIESS administra 310 millones de dólares de estos fondos privados . Según el debate en el Legislativo, uno de los factores que motivó esta ley corresponde a factores económicos desfavorables. El costo administrativo superaba los USD 500 mil anuales. Sin embargo, los ingresos eran de solo USD 200 mil. La diferencia se cubría con recursos del IESS.

Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia contempla cambios en la cúpula del IESS

La reforma también introduce modificaciones estructurales en la administración del IESS, un punto que ha generado fuertes críticas.

En cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, la ley establece un mecanismo para financiar la elección de los miembros del Consejo Directivo. Sin embargo, el cambio más relevante es que altos cargos como el director general del IESS, el subdirector general y los directores de las distintas administradoras de seguros pasan a ser funcionarios de libre nombramiento y remoción por parte del Consejo Directivo. Esta disposición, según la propia ley, se aplicará de manera inmediata incluso a los directores que se encuentran actualmente en funciones.

Una asamblea dividida 

El debate reflejó dos visiones opuestas sobre el futuro de la seguridad social.

• Voces a favor: El asambleísta Christopher Jaramillo aseguró que la ley «garantiza sostenibilidad al BIESS y protege los fondos de los afiliados». En la misma línea, la legisladora Arisdely P. Yépez la calificó como «un triunfo para los jubilados, porque se protege lo que les pertenece».

• Voces en contra: La asambleísta Paola Cabezas, de la bancada de oposición, afirmó que «el Gobierno pretende manipular los fondos de los jubilados». Por su parte, Viviana Veloz fue más allá, manifestando que la norma «abre la puerta a la privatización encubierta» y anunció una futura impugnación ante la Corte Constitucional.

Próximos pasos tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento

Tras la aprobación legislativa, la ley deberá ser publicada en el Registro Oficial para su entrada en vigencia. El Gobierno insiste en que las reformas son indispensables para la salud financiera del sistema, pero la fuerte oposición política asegura que el debate apenas comienza y que la última palabra podría tenerla, nuevamente, la Corte Constitucional.