La Corte Constitucional (CC) de Ecuador convocará este 21 de noviembre de 2025 a las 10h00 una audiencia pública virtual para escuchar a las partes involucradas en la acción extraordinaria de protección por la desaparición forzada y asesinato de cuatro niños en el caso Las Malvinas. La medida, impulsada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) contra una sentencia que revocó un habeas corpus, busca resolver vulneraciones a derechos fundamentales como la vida e integridad personal, en un proceso de última instancia que involucra a familiares, autoridades militares y civiles.
Los niños, identificados como Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 tras ser aprehendidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el barrio Las Malvinas, sur de Guayaquil. Fueron trasladados a la zona de Taura, parroquia rural de Naranjal en Guayas, donde se perdió su rastro. El 24 de diciembre de 2024, se hallaron sus cuerpos calcinados cerca de la Base Aérea de Taura, confirmados por pericias genéticas el 31 de diciembre.
La jueza de la CC, Alejandra Cárdenas, avocó conocimiento de la acción presentada por el CDH en junio de 2025, tras la revocación en mayo de ese año por la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas de una sentencia favorable de primera instancia.
#AHORA | #CasoMalvinas: se reinstala la audiencia de juicio contra 17 militares procesados por la presunta #DesapariciónForzada de 3 adolescentes y un niño. #FiscalíaEc continúa con la presentación de sus pruebas testimoniales. pic.twitter.com/8CpkkKkv1e
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 12, 2025
Origen del caso en detención militar
El 31 de diciembre de 2024, la jueza Tanya Loor, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte del Guayas, aceptó el habeas corpus interpuesto por familiares. Allí, declaró la vulneración de derechos como la vida, integridad personal, interés superior del niño y supervivencia. Ordenó activar protocolos de búsqueda inmediata y capacitar a militares en derechos humanos, especialmente para menores en emergencias.
La resolución reconoció la responsabilidad estatal por incumplimiento de protocolos en la detención de los niños. Ellos jugaban fútbol en Las Malvinas cuando fueron capturados por presunto robo. La Fiscalía formuló cargos por desaparición forzada contra 16 militares. Además, solicitó prisión preventiva el mismo 31 de diciembre; el juez Dennis Ugalde la dictó con 90 días de instrucción fiscal.
Apelaciones y revocación en segunda instancia
La exministra del Interior Mónica Palencia (actual embajadora ante la OEA) y el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo apelaron la decisión de Loor. En mayo de 2025, el tribunal provincial revocó la sentencia, lo que motivó la acción extraordinaria del CDH para restaurar el habeas corpus y reconocer la desaparición forzada.
El caso se enmarca en la militarización de la seguridad pública decretada por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, vía Decreto Ejecutivo 111, ante el aumento de violencia ligada al narcotráfico. Organizaciones de derechos humanos critican abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en operativos de las Fuerzas Armadas.
Convocatoria a la audiencia del 21 de noviembre
La audiencia, para preparar el proyecto de sentencia de Cárdenas, citará a representantes del CDH y posiblemente a los familiares. Ellos han recibido medidas cautelares de la ONU contra desapariciones forzadas. Estas, ampliadas el 14 de noviembre de 2025 por el Comité de la ONU, con el objetivo de proteger a parientes ante riesgos. Entre las autoridades convocadas figuran el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado Salvador. También, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila. Asimismo, el ministro del Interior, John Reimberg.
También el procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, y los jueces provinciales que trataron la causa. Se invita a instituciones, universidades, expertos, gremios y ciudadanía a intervenir vía amicus curiae. El abogado del CDH, Fernando Bastias Robayo, replicó la providencia en redes sociales, destacando la oportunidad de oír a los padres.
Implicaciones jurisdiccionales y contexto nacional
Los fallos de la CC en acciones extraordinarias de protección son de última instancia, de obligatorio cumplimiento e inapelables, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta resolución podría sentar precedente en desapariciones forzadas durante militarización de la seguridad. Así lo señaló el CDH. El caso generó protestas nacionales en diciembre de 2024, con manifestaciones en Guayaquil exigiendo justicia. La ONU urgió protección a familias, reconociendo el impacto en la sociedad ecuatoriana.
En septiembre de 2025, un Tribunal de Admisión de la CC admitió la acción. Con ello se avanzó el trámite pese a dilaciones en el proceso penal, donde 17 militares enfrentan juicio diferido hasta noviembre.Datos de la Defensoría del Pueblo y el CDH registran al menos 20 denuncias similares de abusos militares en 2024.
