El Poder Judicial (PJ) de Perú impuso cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino. También ordenó su captura a nivel nacional e internacional, por presuntamente incumplir las reglas de conducta impuestas en su proceso judicial. Ese proceso se inició por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Ella era la exprimera ministra del Gobierno del destituido presidente Pedro Castillo.
La decisión la tomó el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, quien argumentó un riesgo inminente de fuga y obstaculización del proceso. La resolución revoca la comparecencia con restricciones que Betssy Chávez mantenía desde su liberación temporal. Según el documento judicial, al que accedieron medios locales como Infobae y RPP Noticias, la exfuncionaria dejó de cumplir con el control biométrico semanal desde el 20 de octubre.
Betssy Chávez se refugió en la Embajada de México
Se informó que tampoco asistió a citaciones judiciales programadas junto al expresidente Pedro Castillo Terrones. “Resulta evidente que la acusada Chávez Chino incumplió con las restricciones impuestas de control biométrico. Debía presentarse cada siete días y omitir asistir a las citaciones judiciales realizadas”, se lee en la resolución.
El juez Checkley dispuso que se cursen oficios de ubicación y captura a la Policía Nacional del Perú (PNP), al área de Requisitorias del Poder Judicial y a la Interpol, para localizar a Chávez. Ella se encuentra asilada en la Embajada de México, en Lima, desde inicios de noviembre. La medida responde a la solicitud presentada por la Fiscalía Suprema Anticorrupción el 7 de noviembre,
Dicho dictamen alegó que Chávez “habría aprovechado” la orden de libertad del Tribunal Constitucional (TC) para refugiarse en la sede diplomática y evadir el proceso. El TC había revocado previamente la prisión preventiva inicial en marzo de 2025, permitiendo su comparecencia con restricciones. Sin embargo, la Corte Suprema advirtió desde entonces sobre un “peligro latente de fuga”.
Enfrenta por su presunta participación en conspiración
Este desarrollo se enmarca en el juicio oral por el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso. Aquello permitía también la reorganización del sistema judicial, lo que derivó en su destitución inmediata y detención de Castillo. Chávez, quien era presidenta del Consejo de Ministros en ese momento, enfrenta cargos por su presunta participación en la conspiración. También se investiga al ex premier Aníbal Torres y ex altos mandos policiales.
La Fiscalía busca una pena de hasta 25 años de prisión para los implicados y ha solicitado reparación civil por más de 65 millones de soles. El caso ha tensionado las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Tras el asilo concedido a Chávez el 5 de noviembre, el gobierno peruano rompió relaciones con México. También anunció que “demoraría” la emisión de un salvoconducto para su salida del país.
Chávez no ha emitido declaraciones públicas desde su asilo
El primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, descartó irrumpir en la embajada mexicana para ejecutarla, priorizando vías legales internacionales. En paralelo, el Congreso peruano rechazó esta semana una moción para inhabilitar a Betssy Chávez por diez años de funciones públicas. Esto al no alcanzar los 68 votos requeridos en el Pleno. La Comisión Permanente aprobó el informe recomendatorio con 17 votos a favor, pero el debate se pospuso.
Este rechazo no afecta el proceso judicial, que avanza en etapa de alegatos finales, con audiencias pendientes para las defensas de los acusados. La prisión preventiva de cinco meses busca salvaguardar el proceso y evitar su frustración, según Checkley, quien enfatizó la necesidad de enjuiciamiento efectivo. Chávez, formalizada en marzo de 2025, no ha emitido declaraciones públicas desde su asilo.
