La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, protagonizaron este martes un cruce de declaraciones públicas por el avance de las obras complementarias al Viaducto Sur, conocido como Quinto Puente, debido a discrepancias en los desembolsos de fondos y el progreso económico del proyecto.
Advertencia de paralización por falta de pagos
En una entrevista televisiva en Teleamazonas, Aguiñaga alertó sobre el riesgo inminente de paralización de las obras de acceso al Quinto Puente. “De $120 millones nos han entregado $35 millones y si en los próximos días no se comienzan a pagar las planillas al contratista, nos veremos obligados a parar la obra”, declaró la prefecta, atribuyendo las trabas a factores externos ajenos a la gestión de la Prefectura del Guayas.
Aguiñaga, quien asumió la Prefectura en 2023 bajo el movimiento Revolución Ciudadana, enfatizó que estos retrasos rompen la cadena de pagos y afectan la dinamización económica local. Además, mencionó una deuda pendiente del Gobierno nacional con Guayas por $58 millones, recursos que, según ella, pertenecen directamente a la ciudadanía y no constituyen un favor político.
Respuesta del ministro y cuestionamientos técnicos
Este martes 2 de diciembre, Luque replicó desde su cuenta en X (@RobertoLuqueN), aclarando que el Gobierno ha garantizado los $120 millones comprometidos para el proyecto. El ministro detalló un anticipo inicial de $35 millones y un pago adicional de $10 millones el 19 de noviembre de 2025, destinado a inyectar liquidez y prevenir interrupciones.
Basado en el Informe Bimestral n.º 4 de la Prefectura (corte al 31 de octubre de 2025), Luque señaló que solo se han planillado $19’474.181,28, generando interrogantes sobre el destino del resto de los fondos transferidos. “¿Qué pasó con el resto del dinero?”, cuestionó directamente, aludiendo a declaraciones previas de Aguiñaga sobre un “contratista preferido”. El ministro invocó el convenio interinstitucional firmado hace más de un año, con el presidente Daniel Noboa como testigo, que establece desembolsos condicionados a informes bimensuales y avances verificables.
Detalles sobre avances críticos y cláusulas contractuales
Luque extendió sus reclamos a aspectos técnicos, exigiendo datos precisos sobre estructuras clave como el puente Mojahuevo y el viaducto sobre el río Bulu Bulu. “¿Cuántos metros cúbicos de hormigón hay en sitio? ¿Cuántos pilotes se han ejecutado?”, preguntó, cuestionando la fiscalización de la Prefectura sobre el contratista. “No nos haga pensar que nos hemos equivocado al seleccionar nuestro socio estratégico”, advirtió el ministro. También recordó que el acuerdo obliga a la Prefectura a demostrar progreso económico para liberaciones posteriores.
El funcionario resaltó una cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, afirmando: “Nosotros estamos más que listos para hacerlo respetar”. Esta amenaza se enmarca en la ruta crítica del proyecto, que incluye dos puentes adicionales y vías de conexión esenciales para la movilidad en la provincia más poblada de Ecuador.
Ministro, la información que le han entregado no es correcta. Para no detenernos en estos dimes y diretes, lo invito a reunirnos para revisar avances y las trabas existentes (que no provienen de esta Prefectura). @PrefGuayas seguirá obrando para que una obra estratégica para el… https://t.co/9DnK43orjB
— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) December 2, 2025
Invitación al diálogo y contexto del proyecto
En respuesta, Aguiñaga utilizó su cuenta en X (@marcelaguinaga) para desestimar los datos del ministro: “La información que le han entregado no es correcta. Para no detenernos en estos dimes y diretes, lo invito a reunirnos para revisar avances y las trabas existentes (que no provienen de esta Prefectura)”. La prefecta insistió en que la Prefectura del Guayas priorizará acciones para evitar la detención de una obra estratégica. Proponiendo una mesa técnica urgente en lugar de confrontaciones en redes sociales.
El Quinto Puente, o Viaducto Sur, es un megaproyecto valorado en $800 millones en su primera etapa. Este conectará el sur de Guayaquil con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal, facilitando la logística de exportaciones hacia el Puerto Principal de Ecuador. Incluye 22 kilómetros de vías de acceso y tres puentes adicionales, con financiamiento mixto del Gobierno nacional y cooperación internacional. Estudios preliminares datan de 2009, pero las obras iniciaron formalmente en enero de 2025 bajo la administración de Noboa. Esto, tras un convenio marco entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Prefectura.
Esta confrontación se suma a tensiones previas entre Aguiñaga y el Ejecutivo. Como el colapso del puente Gonzalo Icaza en marzo de 2025, donde Luque y la prefecta intercambiaron acusaciones sobre responsabilidades. El presidente Noboa, en una entrevista reciente con Jorge Yunda, calificó el Quinto Puente como prioridad para 2026. Aunque insinuó falta de gratitud de la Prefectura. Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado la fecha de la reunión propuesta por Aguiñaga, ni actualizaciones sobre desembolsos adicionales para el proyecto.
