El Gobierno de Estados Unidos anunció que otorgará una bonificación de 3.000 dólares y viajes pagados a extranjeros sin documentación que acepten abandonar el país antes de que finalice el año, como parte de una estrategia para acelerar las deportaciones y reducir los costos operativos del sistema migratorio.
Detalles del anuncio oficial de Estados Unidos
La medida fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que será el encargado de organizar los viajes y abonar el estipendio económico a quienes opten por la llamada “autodeportación”. Según la información oficial, el proceso se realizará mediante la aplicación CPB, una plataforma digital utilizada para gestionar trámites migratorios.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló en un comunicado que los inmigrantes indocumentados “deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse”, advirtiendo que, de no hacerlo, enfrentarán arresto y expulsión. Estas declaraciones se enmarcan en una campaña de fin de año impulsada por Washington.
El incentivo anunciado triplica el monto previo de 1.000 dólares, presentado en mayo con el mismo objetivo. El DHS precisó que el nuevo pago busca agilizar salidas voluntarias y disminuir la presión sobre los centros de detención.
Cifras y antecedentes del programa
De acuerdo con datos proporcionados por la propia secretaria Noem, desde enero de 2025, 1,9 millones de extranjeros en situación irregular han salido del país de forma voluntaria. Entre ellos se incluyen decenas de miles que utilizaron la aplicación CPB, creada originalmente durante la administración de Joe Biden con otros fines administrativos.
La actual Administración, encabezada por Donald Trump, ha defendido este mecanismo como una alternativa más eficiente frente a las detenciones y deportaciones forzosas. El enfoque prioriza la salida voluntaria con incentivos económicos, reduciendo los procedimientos judiciales y logísticos asociados.
El Gobierno sostiene que este esquema permite un mayor control de los flujos migratorios y una optimización de los recursos públicos destinados a la política migratoria.
Costos y justificación económica
Según cifras citadas por la agencia Bloomberg, el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona en Estados Unidos asciende a 17.000 dólares. Frente a ese gasto, la bonificación de 3.000 dólares y el pago del transporte representan una opción financieramente más baja para el Estado.
La Administración considera que este diferencial económico respalda la expansión del programa, especialmente en un contexto de deportaciones masivas y ajustes presupuestarios. El DHS reiteró que el incentivo se limita a quienes acepten salir antes del cierre del año, sin detallar si habrá extensiones posteriores.
El anuncio se suma a otras iniciativas recientes orientadas a reforzar la política migratoria mediante herramientas administrativas y digitales, manteniendo como eje la salida voluntaria de personas sin estatus legal.
