La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) presentó una demanda civil el 15 de diciembre de 2025 en un tribunal federal de Florida, Estados Unidos, contra la empresa Progen Industries LLC y otras cinco compañías. La acción legal acusa a los demandados de fraude y conspiración, con el objetivo de recuperar alrededor de 110 millones de dólares que habrían sido pagados por contratos no cumplidos en proyectos de generación eléctrica.
Esto surge de supuestas irregularidades en la adquisición de equipos para las centrales térmicas Quevedo III y Salitral, que debían sumar 150 megavatios al sistema nacional pero no entregaron ningún valor real.
La demanda se basa en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), una normativa estadounidense diseñada para combatir redes criminales organizadas. Según documentos judiciales, Progen y las otras entidades crearon un esquema que involucró registros falsos para simular el cumplimiento de obligaciones, permitiendo el desembolso de 107,3 millones de dólares, equivalente al 72% del monto contratado, sin aportar energía al país. Este caso se enmarca en la emergencia energética declarada en Ecuador en 2024, que impulsó contratos rápidos para mitigar apagones.
Detalles de las acusaciones
Celec alega que Progen operó con mala fe al firmar acuerdos por un total de 149,1 millones de dólares, pero solo generó perjuicios al Estado. Auditorías internas revelaron equipos usados, sobreprecios y incumplimientos que no se detectaron a tiempo. El recurso no persigue penas de prisión, sino una indemnización económica, posiblemente triplicada bajo la ley RICO, que permite reclamos por daños multiplicados.
Además, la demanda nombra a 15 personas involucradas, incluyendo directivos de Progen como John B. Manning y Andrew S. Williamson, así como exfuncionarios ecuatorianos como Fabián Calero, antiguo gerente de Celec. El proceso podría extenderse de siete a diez años debido a su complejidad técnica.
Declaraciones oficiales del caso
El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, indicó que el caso requiere monitoreo constante para desentrañar los actos de corrupción implicados. Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, destacó en su cuenta de X que la ley RICO facilita la persecución de sistemas criminales y el reclamo de indemnizaciones elevadas.
Para probar las acusaciones, Ecuador debe demostrar elementos como estafa, engaño o falsificación de documentos. La ventaja de esta ley es que permite agregar más involucrados durante el juicio, incluso a quienes participaron en inspecciones o recepciones de equipos sin firmar directamente los contratos.
Antecedentes del conflicto
El conflicto se remonta a la crisis eléctrica de 2024, cuando el gobierno ecuatoriano buscó soluciones urgentes para estabilizar el suministro. Progen fue contratada para suministrar generadores, pero investigaciones posteriores, incluyendo allanamientos por la Fiscalía en oficinas relacionadas, revelaron irregularidades. La Contraloría General del Estado confirmó indagaciones sobre contratos similares en otras entidades.
En este sentido, el presidente Daniel Noboa anunció la demanda como un paso para reparar el daño al erario público.
