El actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, emitió una directriz contundente para reorganizar las estructuras administrativas de la institución a nivel nacional. Mediante un memorando oficial fechado el 8 de enero de 2026, el funcionario solicitó formalmente la renuncia voluntaria e irrevocable a 21 directores provinciales y cuatro directores de control disciplinario. Esta medida afecta a un total de 25 servidores que ocupan cargos de libre remoción dentro del organismo judicial. La instrucción estableció como plazo máximo el mediodía de este viernes, 9 de enero, para que las dimisiones sean entregadas formalmente ante las autoridades correspondientes.

La decisión de Mario Godoy se sustenta jurídicamente en las facultades otorgadas por el artículo 269, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial. Según el documento oficial, la medida responde a una evaluación integral de desempeño que busca analizar el nivel de cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada territorio. El objetivo institucional es dejar constancia del nivel de compromiso y eficiencia demostrado por estos funcionarios durante el ejercicio de sus objetivos específicos. Este movimiento administrativo ocurre en un momento de alta tensión política por los cuestionamientos externos hacia el liderazgo del máximo representante de la judicatura.

Proceso de evaluación y plazos institucionales

El escenario se vuelve más complejo debido a las denuncias de presiones que el juez anticorrupción, Carlos Serrano, hizo públicas recientemente. El magistrado alertó sobre la falta de garantías de seguridad y supuestas coacciones para emitir un fallo favorable en un caso de lavado de activos. El proceso judicial en cuestión involucra al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien fue sentenciado a diez años de prisión por actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Esta situación ha puesto bajo la lupa la transparencia en la toma de decisiones dentro de las direcciones provinciales bajo el mando de la entidad central.

Un detalle relevante que agrava la situación de Mario Godoy es la revelación de que su propia esposa actuaba como defendido legal del mencionado narcotraficante Srdan. Este presunto conflicto de intereses ha alimentado los señalamientos de la opinión pública y de sectores políticos sobre la transparencia en la administración de justicia. El juez Serrano denunció que las interferencias buscaban beneficiar al ciudadano extranjero, lo que derivó en la apertura de una investigación profunda por parte de la Fiscalía. Ante este panorama, la remoción de los directores se percibe como un intento de mitigar las críticas internas y externas.

Sombras sobre la gestión y el caso Srdan

Paralelamente a estos cambios administrativos, la Asamblea Nacional ha puesto en marcha un proceso de control contra el titular del organismo. Se espera que este domingo, 11 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique a trámite la solicitud de juicio político en contra de Mario Godoy. Una vez aprobada la calificación, el expediente pasará directamente a la Comisión de Fiscalización para el inicio de las comparecencias y la presentación de pruebas. El funcionario ya asistió previamente al legislativo el 5 de enero, donde intentó desestimar las acusaciones en su contra.

Durante aquella comparecencia, el funcionario sostuvo que las denuncias forman parte de una estructura de ataques montados por sectores de oposición. El máximo titular de la Judicatura, Mario Godoy, apuntó directamente contra el correísmo como el principal impulsor de su censura en el parlamento. A pesar de su defensa, los cuestionamientos sobre la gestión administrativa persisten, especialmente por la demora en la implementación de medidas de protección para los jueces de las unidades especializadas. La salida de los directores provinciales marca así un punto de quiebre en su estrategia de supervivencia legislativa.

El escenario legislativo y Mario Godoy

En el memorando de renuncia, el directivo también abordó el tema crítico de la seguridad para los funcionarios del sistema judicial. Mario Godoy instruyó que aquellos directores que cuenten con análisis de riesgo proporcionados por el Ministerio del Interior deben reportarlo de inmediato. Esta información es vital para que la Dirección General mantenga los registros actualizados y coordine acciones preventivas con la Policía Nacional. El objetivo es garantizar que la transición en las provincias no deje vulnerables a quienes han recibido amenazas por el ejercicio de sus funciones institucionales.

Es importante recordar que esta depuración general tiene como antecedente la salida de Henry Gaibor en la provincia de Pichincha. Gaibor fue separado del cargo tras verse involucrado en el escándalo de las presiones ejercidas contra el juez Serrano para beneficiar al ciudadano serbio. El Pleno de la Judicatura había exigido su renuncia hace tres semanas, marcando el inicio de la crisis que hoy lidera Mario Godoy. La medida actual, por lo tanto, busca generalizar un control que antes era focalizado, intentando limpiar la imagen de la institución frente a las sospechas de corrupción sistémica.

Mario Godoy promueve movimientos internos en provincias

Un hecho que llamó la atención de los observadores fue la ausencia del titular en una reunión estratégica con la unidad anticorrupción. El 8 de enero, mientras se emitía el pedido de renuncias, los demás vocales de la institución se reunieron con jueces especializados para tratar temas laborales. En dicha vocalía, se acordó la creación de mesas de trabajo interinstitucional para gestionar apoyo externo en materia de seguridad. A pesar de no estar presente, Mario Godoy deberá validar los acuerdos alcanzados para optimizar la carga laboral de los tribunales que manejan casos sensibles.

Entre los consensos alcanzados destaca la coordinación con la autoridad penitenciaria conocida como SNAI para el cumplimiento de las diligencias judiciales. El plan busca evitar las audiencias fallidas desde los centros de rehabilitación social y prevenir la caducidad de la prisión preventiva en casos de alto riesgo. Además, se contempla la posibilidad de crear una nueva sala provincial y un tribunal especializado con apoyo internacional. Estas reformas estructurales son ahora el centro de atención, mientras la opinión pública espera ver quiénes reemplazarán a los directivos removidos por Mario Godoy.