La mañana de este lunes, el ambiente en el complejo judicial se tornó denso y expectante. La Fiscalía General del Estado, a través de sus canales oficiales, confirmó la reinstalación de la audiencia de juicio en contra de 17 uniformados. El proceso judicial, que ha mantenido en vilo a la opinión pública, entra en su fase decisiva: la presentación de los alegatos finales de todas las partes procesales. En esta etapa, tanto la acusación como la defensa técnica de los militares expondrán sus argumentos de cierre, intentando persuadir al Tribunal sobre la culpabilidad o inocencia de los implicados.

Este acto judicial coincide dolorosamente con el primer aniversario de los hechos. Fue precisamente el 8 de diciembre del 2024 cuando la pesadilla comenzó para cuatro familias de la cooperativa Las Malvinas, en el sur de la urbe guayaquileña. Aquel día, en medio de un contexto de seguridad complejo en la ciudad, tres adolescentes y un niño desaparecieron sin dejar rastro tras un operativo en su barrio.

El hallazgo en Taura y la investigación

Lo que inició como una búsqueda desesperada de personas desaparecidas se transformó rápidamente en una investigación criminal de alto perfil. Tras días de incertidumbre y la presión de los familiares que denunciaban que los menores habían sido retenidos por fuerzas del orden, las autoridades realizaron un macabro hallazgo.

Los restos de los cuatro menores fueron localizados en la localidad de Taura, una zona alejada del perímetro urbano de Guayaquil. La identificación de los cuerpos requirió exhaustivas pericias forenses y antropológicas, dadas las condiciones en las que fueron encontrados. Este descubrimiento fue la pieza clave que permitió a la Fiscalía vincular el hecho con el personal militar que había operado en la zona de Las Malvinas el día de la desaparición.

La teoría del caso: Desaparición forzada

El caso Las Malvinas se procesa bajo la figura de desaparición forzada, un delito grave que implica la privación de la libertad por parte de agentes del Estado, seguida de la ocultación de información sobre el paradero de la víctima.

Durante la etapa de juicio, la Fiscalía ha sostenido que los 17 miembros de las Fuerzas Armadas aprehendidos tuvieron participación directa o indirecta en la retención, traslado y posterior muerte de los menores. La teoría fiscal apunta a un uso desproporcionado de la fuerza y a una ejecución extrajudicial que intentó ser encubierta trasladando a las víctimas fuera de la jurisdicción de Guayaquil.

La etapa procesal actual

Con la reinstalación de la audiencia este lunes, el proceso agota su última instancia de debate oral. Los alegatos finales son el resumen de toda la prueba testimonial, pericial y documental que se ha ventilado durante las semanas previas de juicio.

Una vez que los jueces escuchen las conclusiones de la Fiscalía, de la acusación particular (que representa a las familias de las víctimas) y de los abogados defensores de los 17 militares, el Tribunal entrará en fase de deliberación. Se espera que en los próximos días se anuncie la fecha para la lectura de la sentencia, que determinará si los uniformados son condenados por el crimen atroz del caso Las Malvinas o si son absueltos de los cargos.

Para los familiares de los tres adolescentes y el niño, este juicio representa la única esperanza de cerrar un ciclo de dolor con una respuesta contundente por parte del Estado ecuatoriano.