El gobierno nacional ha dado un paso decisivo en su estrategia para recuperar la soberanía en los puntos de salida de comercio exterior. Ecuador ha iniciado una intervención estructural profunda en sus sistemas de control portuario, contando con el respaldo técnico y operativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta iniciativa responde a la urgente necesidad de cerrar los espacios que el crimen organizado ha utilizado para contaminar contenedores y corromper funcionarios, afectando la imagen internacional del país y su seguridad interna. La colaboración internacional se presenta como el escudo principal para proteger la infraestructura crítica del estado.
El núcleo de esta estrategia es la implementación de la metodología MEGERIC, una herramienta oficial diseñada para identificar, valorar y mitigar los riesgos de corrupción dentro de las instituciones públicas. La Secretaría General de Integridad Pública ha liderado este proceso, reuniendo a actores clave como el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. El objetivo es crear un frente común y coordinado que impida la infiltración de redes delictivas en los procesos aduaneros. La integridad de los funcionarios y la robustez de los procesos son los pilares sobre los que Ecuador busca reconstruir la confianza en su sistema logístico.
Ecuador y la lucha contra la delincuencia organizada
Este esfuerzo se enmarca en el proyecto “DISRUPT”, ejecutado con el apoyo financiero y político del Gobierno de Canadá. Este programa prioriza acciones específicas para prevenir y combatir la corrupción vinculada al narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada en el sistema portuario. La intervención no es superficial; busca atacar las raíces del problema mediante la aplicación obligatoria de pautas técnicas de gestión de riesgos en las entidades del Ejecutivo. La transparencia se convierte así en una obligación operativa y no solo en un postulado ético, buscando blindar las exportaciones del país. La prevención es la clave del nuevo modelo de gestión.
Durante el taller de lanzamiento de esta intervención, realizado en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, representantes de la UNODC destacaron la importancia de la integridad como el mecanismo más eficiente y sostenible para el combate al delito. Carla Suárez, oficial de programa de la organización internacional, enfatizó que dotar a los funcionarios de las herramientas adecuadas es fundamental para que puedan cumplir sus funciones de control sin ceder a las presiones de las mafias. Para Ecuador, contar con el aval de Naciones Unidas legitima sus esfuerzos y permite acceder a mejores prácticas globales en seguridad portuaria. El blindaje institucional es la meta a mediano plazo.
Alianza estratégica
Las autoridades nacionales han sido enfáticas en señalar que los puertos y aduanas han sido históricamente puntos vulnerables. Por ello, la respuesta del Estado debe ser contundente y técnica. La capacitación de los Responsables Institucionales de Cumplimiento es el primer paso para establecer una red de vigilancia interna que detecte anomalías antes de que se conviertan en delitos consumados. Esta política de “tolerancia cero” a la corrupción en los puertos es vital para garantizar que el comercio exterior, motor de la economía dolarizada, siga fluyendo sin las trabas que impone el estigma del narcotráfico. La seguridad comercial es, por tanto, una prioridad de estado.
En conclusión, la alianza entre el Estado ecuatoriano y la comunidad internacional a través de la ONU y Canadá representa un avance significativo en la lucha contra las economías ilegales. Al reforzar el control portuario con metodologías probadas y asistencia técnica especializada, Ecuador envía un mensaje claro al mundo y a las organizaciones criminales: el país está recuperando el control de sus fronteras comerciales y no escatimará esfuerzos ni alianzas para garantizar que sus puertos sean zonas seguras y libres de corrupción.
