El concejal Wilson Macías solicitó el 18 de noviembre en el Concejo Municipal de Santo Domingo que se certifiquen las inasistencias del concejal Miguel M., quien acumula tres sesiones consecutivas sin conexión desde que fue requerido por Interpol en un proceso penal por tentativa de asesinato. La petición busca aplicar el COOTAD y habilitar a su alterna.
Solicitud formal en sesión
Durante la sesión ordinaria, Macías pidió a Secretaría del Concejo Municipal un informe actualizado que certifique cada una de las faltas registradas por el edil. Señaló que esta acción permite activar el proceso administrativo previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El concejal insistió en que la certificación debe desarrollarse con carácter urgente, ya que el Municipio necesita mantener su composición plena de siete representantes electos. “El pueblo escogió a siete concejales de la Revolución Ciudadana”, recordó.
Actualmente, Miguel M. no ha participado en tres sesiones seguidas, según los registros municipales. Desde que se emitió la alerta internacional de búsqueda, no ha acudido de forma presencial ni se conectó virtualmente.
Posible reemplazo inmediato
El pedido de Macías busca habilitar a la alterna Jazmín García, quien se desempeña como subdirectora de Regularización de Tierras del Municipio de Santo Domingo. Su incorporación formal permitiría mantener activo el voto correspondiente a ese escaño en decisiones y ordenanzas.
El proceso, de concretarse, primero requiere el informe técnico de Secretaría, seguida de revisión jurídica y posterior deliberación del Concejo. Con estos pasos, la alterna podría ser posesionada temporal o definitivamente.
Mientras las sesiones avanzan, el escaño permanece sin participación activa, situación que afecta la representación política del grupo al que pertenece el concejal investigado.
Miguel M. llegó a su curul por la Revolución Ciudadana pero luego fue expulsado debido a la polémica generada en la elección de la vicealcaldesa de Santo Domingo.
Allanamiento de Fiscalía
En medio del procedimiento interno, la situación legal del concejal escaló recientemente. La Fiscalía ejecutó un allanamiento a la oficina de Miguel M. en el Municipio de Santo Domingo como parte de la investigación por tentativa de asesinato.
En la diligencia, los fiscales también solicitaron información técnica sobre la IT utilizada para las conexiones del concejal en sesiones anteriores, con el fin de determinar desde qué dispositivos ingresó y si esas conexiones se realizaron desde territorio nacional o desde el extranjero.
La Fiscalía recaba estos elementos para reforzar la cronología del caso y confirmar la situación real del edil durante el periodo en que dejó de asistir a las sesiones municipales.
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Contexto judicial del caso
Miguel M. enfrenta un proceso penal que derivó en una alerta de búsqueda internacional a través de Interpol. Esto ha impedido su presencia física en Santo Domingo y ha impactado directamente en la continuidad de sus funciones públicas.
El registro de asistencia no solo es relevante para la gestión administrativa, sino que también determina el eventual cumplimiento de causales de reemplazo establecidas en el COOTAD, que contemplan sanciones y habilitación de suplentes en casos de ausencias consecutivas.
Posición del alcalde
Durante la sesión, el alcalde Wilson Erazo afirmó que el Municipio actuará “en ley tal como lo estipula el COOTAD”. Explicó que se esperarán los informes técnicos antes de tomar una resolución final y remarcó que el análisis debe evitar interpretaciones subjetivas.
La administración municipal mantiene la decisión de no adelantar criterio hasta que Secretaría y Procuraduría entreguen los informes solicitados.
Próximos pasos
Una vez que Secretaría certifique oficialmente las tres inasistencias consecutivas, el Concejo podrá resolver si corresponde activar el reemplazo temporal o definitivo. El tema podría pasar a votación en la próxima sesión ordinaria.
La decisión será clave para el equilibrio político interno y marcará un precedente sobre cómo el Municipio afronta casos en los que un funcionario enfrenta procesos judiciales de alto perfil mientras continúa en funciones (5).
