La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (Sbees) presentó, en Barcelona, un estudio que señala que España deberá acoger 1,5 millones de inmigrantes en los próximos diez años para garantizar el crecimiento económico ante los efectos del envejecimiento poblacional y la baja natalidad.

La Sbees expuso los resultados de un informe elaborado por la consultora Opina 360, centrado en los retos que afrontará España a medida que se acerque a la denominada “España de los 50 millones”, un escenario demográfico previsto para las próximas dos décadas. El estudio destaca que la estructura poblacional actual, marcada por una natalidad persistentemente baja y una de las esperanzas de vida más altas del mundo, exigirá una integración sostenida de inmigrantes para mantener la actividad económica y la competitividad del país.

Durante la presentación, el presidente de Sbees y de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, insistió en la necesidad de establecer un Pacto Social entre administraciones públicas y sociedad civil, con el fin de anticipar los cambios demográficos y evitar un deterioro del mercado laboral. “La demografía no es un tema de futuro sino de actualidad”, señaló, subrayando que la falta de mano de obra representa un riesgo directo para la capacidad productiva del país.

El estudio plantea que España deberá prepararse para integrar un saldo migratorio neto positivo durante la próxima década, ya que la población en edad laboral se reducirá significativamente debido al aumento de jubilaciones y a la escasez de nuevas generaciones que entren al mercado.

Advertencias empresariales y sostenibilidad del sistema de pensiones

La propuesta de Sbees fue respaldada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien destacó que el envejecimiento afecta de manera particular a España, actualmente el quinto país más envejecido de Europa. Recordó que esta evolución tendrá impacto directo en el sistema de pensiones, cuyo gasto —según estimaciones citadas— pasará del 13% del PIB actual al 16% en 2050.

Garamendi enfatizó que el cambio demográfico no es exclusivo de España, pero afecta al país con mayor intensidad por la combinación de larga esperanza de vida y baja natalidad. Por ello, instó a abordar de forma urgente los desafíos vinculados al aumento de pensionistas y al incremento de gasto en prestaciones sociales.

El informe también subraya que estos factores obligarán a replantear la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar, especialmente si la proporción de personas en edad de retiro continúa creciendo a un ritmo superior al de la población activa.

Déficit laboral y previsiones de empleo

Uno de los puntos centrales del análisis es la previsión de un déficit de 1,4 millones de trabajadores en los próximos diez años. Según el documento, este desequilibrio se producirá por la diferencia entre las personas que se jubilarán y las nuevas incorporaciones al mercado laboral, estimándose que un 6,3% de los empleos totales no podrá cubrirse sin recursos adicionales.

Para compensar este déficit, se calcula que España deberá integrar cada año alrededor de 140.000 personas en edad laboral, lo que permitirá sostener los niveles de productividad y la estructura económica actual. Estas cifras parten de un escenario de crecimiento poblacional que situaría al país cerca de los 50 millones de habitantes en torno a 2035.

El estudio advierte que, de cumplirse estas proyecciones, más del 34% de la población estaría compuesta por personas de origen extranjero o descendientes de inmigrantes, lo que supone que un tercio de los habitantes tendrá vínculos migratorios en primera o segunda generación.

Impacto económico y necesidad de políticas de integración

Sbees y Foment del Treball consideran que la inmigración será una herramienta clave para mantener la productividad, favorecer la creación de empleo y reforzar la cohesión social. Sánchez Llibre afirmó que “las empresas necesitan sí o sí de la inmigración para ser más productivas, más competitivas y generar riqueza”.

El análisis propone que la política migratoria se integre como eje estratégico para el desarrollo económico del país, complementada con políticas de integración que faciliten la participación de nuevos trabajadores en distintos sectores económicos.

Asimismo, el estudio señala que el aumento de pensionistas y el incremento del gasto en prestaciones seguirán representando desafíos de gran envergadura para la sostenibilidad fiscal, lo que refuerza la necesidad de una planificación demográfica ajustada a las previsiones de crecimiento y envejecimiento.