La jueza Daniela Ayala concluye este 8 de enero de 2026 los 30 días de suspensión de su cargo sin goce de remuneraciones. Esta sanción fue ratificada por el Consejo de la Judicatura (CJ). La medida, impuesta por comentarios impropios durante una audiencia en el caso Magnicidio FV, permite que Ayala retome mañana a su despacho en la Unidad Judicial Penal de Pichincha. Se incluye el proceso por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Según diario El Universo, la decisión del CJ, respaldada por los vocales Magally Ruiz, Fabián Fabara, Damián Larco, Alfredo Cuadros y el presidente Mario Godoy, surge tras una denuncia de la Fiscalía por presuntas agresiones verbales de Ayala contra la fiscal Ana Hidalgo. Patricio Rosero, abogado de las hijas de Villavicencio, anticipa acciones para excusar o recusar a la jueza, citando enemistad manifiesta que podría comprometer la objetividad del caso.
Origen de la suspensión y detalles del caso Magnicidio FV
Durante la ausencia de Ayala, la jueza Luz María Ortiz asumió el caso desde el 15 de septiembre de 2025, en reemplazo temporal por una sanción inicial de tres meses impuesta por el anterior CJ. Posteriormente, el proceso pasó al juez Geovanny Freire, quien el 26 de diciembre de 2025 suspendió la audiencia de vinculación de tres cabecillas del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría (alias Pipo), Esteban Aguilar (alias Lobo Menor) y Luis Arboleda (alias Gordo Luis).
Esta diligencia fue reprogramada para el 28 de enero de 2026. Actualmente, la jueza Ana Guerrón tiene conocimiento del expediente y deberá entregarlo a Ayala si se concreta su regreso.
Preocupaciones de las partes acusadoras
Patricio Rosero, representante legal de Tamia y Amanda Villavicencio como acusadoras particulares, expresó preocupación por el posible retorno de Ayala. En declaraciones, Rosero indicó que solicitarán primero la excusa de la jueza y, de no procederse, interpondrán una recusación.
Argumenta que existe “enemistad manifiesta” derivada de la sanción en el mismo caso, lo que podría generar animadversión hacia las actuaciones previas y comprometer la imparcialidad. “Su objetividad perderá todo sentido”, afirmó Rosero, aludiendo a los comentarios de Ayala que motivaron la denuncia de la Fiscalía.
Resolución administrativa y análisis del CJ
El sumario administrativo contra Ayala culminó con la resolución del 8 de diciembre de 2025, emitida por Jorge Mauricio Maruri, director general del CJ, que impuso la suspensión de 30 días. Los vocales Ruiz, Fabara, Larco y Cuadros, junto con el presidente Godoy, rechazaron por unanimidad la apelación presentada por la jueza.
El análisis del CJ enfatizó que los comentarios de Ayala no se limitaron a un correctivo procesal, sino que escalaron a cuestionamientos personales e institucionales. Por ejemplo, la jueza señaló: “La Fiscalía no puede realizar alegaciones basadas en supuestos y conjeturas” y agregó que “no es un brazo ejecutor del político de turno, su obligación es actuar responsablemente y garantizar el derecho a la verdad”.
Dudas adicionales sobre el avance del caso
Rosero también manifestó dudas sobre otras acciones en el proceso. Es decir, como la falta de respuesta a pedidos para adelantar la audiencia de vinculación y situaciones administrativas en procesos derivados del caso principal. “Estamos pendientes día a día. Aparte de la batalla judicial, enfrentamos una batalla administrativa que rayaría en la ilegalidad”, explicó el abogado.
El caso Magnicidio FV, iniciado tras el asesinato de Villavicencio en Quito durante su campaña presidencial, involucra acusaciones de corrupción en salud y justicia. Con procesados como Salcedo, sentenciado por casos previos (24).
