En una sesión plenaria que se extendió por más de tres horas y media, la Asamblea Nacional definió el futuro económico del Ecuador para el próximo año fiscal. La tarde del sábado 29 de noviembre de 2025 se convirtió en el escenario donde las fuerzas políticas midieron sus posturas frente a la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y la programación cuatrianual 2026-2029, documentos remitidos por el presidente Daniel Noboa.

La instalación de la sesión, pasadas las 13:00, marcó el inicio de un debate técnico y político que culminó con la aprobación del texto. De los 148 legisladores presentes en el hemiciclo, 78 votaron de manera afirmativa, permitiendo que la proforma supere el filtro legislativo. Por otro lado, se registraron 66 votos negativos y cuatro abstenciones, evidenciando la fractura existente en la Asamblea Nacional respecto a la visión económica del gobierno. Un intento de reconsideración por parte de los bloques opositores no logró reunir los votos necesarios, dejando en firme la decisión.

Las cifras macroeconómicas y el escenario petrolero

El debate se sustentó en el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico, presidida por Nathaly Farinango, el cual fue aprobado al interior de dicha mesa el pasado 22 de noviembre. Este documento desglosa los supuestos macroeconómicos que regirán la economía nacional. Según las proyecciones del Ejecutivo validadas por la Asamblea Nacional, se espera un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,8 %, con un PIB nominal estimado en USD 139.046 millones.

Un punto crítico del análisis es la dependencia de los recursos no renovables. La proforma establece una producción petrolera estimada de 165,5 millones de barriles para el 2026. Sin embargo, el precio calculado por barril se ha fijado en un promedio conservador de USD 53,50, lo que refleja la volatilidad del mercado internacional y la necesidad de prudencia fiscal.

Estructura de Ingresos y Egresos: El equilibrio en el papel

La proforma aprobada por la Asamblea Nacional plantea un equilibrio contable entre ingresos y gastos, ambos fijados en USD 46.255 millones. Sin embargo, el desglose de estas cifras revela los desafíos de liquidez que enfrenta el Estado.

Del lado de los ingresos, la caja fiscal dependerá en gran medida de la recaudación tributaria y el endeudamiento:

• Ingresos corrientes: USD 21.679 millones, provenientes mayoritariamente de impuestos y tasas ciudadanas.

• Ingresos de capital: USD 8.470 millones.

• Financiamiento: USD 16.104 millones, lo que subraya la necesidad de buscar recursos externos e internos para sostener la operatividad estatal.

En cuanto a los egresos, el gasto corriente sigue siendo el rubro más pesado para las finanzas públicas:

• Egresos corrientes: USD 23.482 millones, destinados a salarios del sector público, compra de bienes y servicios, y transferencias.

• Inversión pública: Apenas USD 1.764 millones.

• Gasto de capital: USD 10.495 millones.

Uno de los datos más alarmantes que discutió la Asamblea Nacional es el déficit global proyectado, que asciende a USD 5.413 millones. Este agujero fiscal se descompone en USD 1.802 millones correspondientes al déficit entre ingresos y gastos permanentes, y USD 3.611 millones derivados del déficit de ingresos y gastos no permanentes. Para cubrir las obligaciones y la amortización de la deuda pública —que requiere USD 8.351 millones—, el financiamiento total necesario asciende a USD 10.512 millones.

El componente social y las preasignaciones

El presupuesto aprobado no deja de lado las obligaciones sociales. Se contemplan USD 6.252 millones en transferencias y donaciones corrientes. De esta cifra, USD 1.844 millones están blindados para la protección social a través de diversos bonos, como el de Desarrollo Humano, el Joaquín Gallegos Lara, el programa “Mis Mejores Años”, el plan “Toda una Vida”, el programa para los primeros 1.000 días de infancia y los subsidios al transporte.

Asimismo, la seguridad social recibe una asignación importante. Se destinarán USD 3.852 millones para cumplir con las obligaciones del Estado frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como a los seguros de la Policía (ISSPOL) y las Fuerzas Armadas (ISSFA).

En cuanto al desarrollo territorial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen asignados USD 4.113 millones, cumpliendo con lo estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley de la Circunscripción Territorial Amazónica.

Además, la Asamblea Nacional verificó el cumplimiento de las preasignaciones constitucionales para los sectores de Educación y Salud, los cuales registran incrementos de USD 695 millones cada uno respecto al año anterior.

El debate político en la Asamblea Nacional: Ejecución y deuda

La sesión en la Asamblea Nacional no estuvo exenta de confrontación. Doce legisladores intervinieron en el debate, exponiendo visiones contrapuestas sobre la realidad económica del país.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), la asambleísta Mónica Alemán fue enfática al señalar vicios de inconstitucionalidad en el origen del presupuesto. Su crítica se centró en la baja ejecución presupuestaria del año en curso, 2025, asegurando que carteras clave como Salud no han utilizado ni la mitad de los recursos asignados a un mes de cerrar el año fiscal. Alemán subrayó que la educación sigue siendo una deuda pendiente del Gobierno.

Por su parte, Liliana Durán, también de la RC, hizo eco de la preocupación social, mencionando la presencia de grupos estudiantiles en los exteriores de la Asamblea Nacional, quienes manifestaban su inquietud por los posibles recortes o la falta de gestión en el sistema educativo.

La bancada oficialista defiende las cifras en la Asamblea Nacional

Desde el oficialismo, el asambleísta Mario Zambrano (ADN) defendió las cifras, instando a debatir con datos técnicos. Zambrano destacó el incremento de USD 59 millones para la educación superior como una muestra del compromiso gubernamental.

Sin embargo, las críticas también llegaron desde el Partido Social Cristiano (PSC). El legislador Alfredo Serrano calificó el presupuesto como “inejecutable”, argumentando que las cifras plasmadas no se compadecen con la realidad fiscal. “Compran deuda para pagar deuda, no para hacer escuelas o vías”, sentenció Serrano, cuestionando la calidad del gasto.

En contraparte, el asambleísta independiente Sergio Peña defendió la aprobación, argumentando que el presupuesto dota al Gobierno de las herramientas necesarias para combatir las causas estructurales del delito, pidiendo a sus colegas dejar de lado las banderas políticas en favor de la gobernabilidad.

Finalmente, la Comisión de Régimen Económico se comprometió ante el Pleno de la Asamblea Nacional a realizar un seguimiento mensual exhaustivo de la ejecución presupuestaria, con el objetivo de fiscalizar que los recursos aprobados se traduzcan en obras y servicios para la ciudadanía.