El expresidente francés Nicolas Sarkozy recibió un nuevo revés judicial tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de París, que confirmó su condena por financiación ilegal en la campaña electoral de 2012. La sentencia fija un año de prisión, con seis meses de cumplimiento efectivo. Esa parte podría ejecutarse mediante un brazalete electrónico, lo que evita su ingreso a un centro penitenciario.
El caso Bygmalion se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos de la Francia reciente. La justicia determinó que la campaña de reelección de Sarkozy duplicó el límite legal de gasto, que era de 26 millones de dólares. La cifra final alcanzó $49,5 millones. Para ocultar el exceso, la empresa organizadora de eventos Bygmalion emitió facturas falsas a nombre del entonces partido UMP, hoy Republicanos.
La decisión reafirma el fallo de primera instancia emitido en 2021, cuando ya se había dictado un año de prisión domiciliaria con brazalete electrónico. En febrero de 2024, el Tribunal de Casación rechazó los últimos recursos de la defensa y dejó la condena en firme. El tribunal consideró que, aunque Sarkozy tenía 69 años al momento de la apelación, su responsabilidad en el esquema era clara.
Castigo para Sarkozy y miembros de campaña
El proceso involucra a 14 personas, entre ellas directivos de Bygmalion y miembros del equipo de campaña. El exjefe de campaña, Guillaume Lambert, fue sentenciado por falsificación y abuso de confianza. Otros colaboradores recibieron penas similares por su papel en la manipulación contable.
Sarkozy niega haber conocido las irregularidades. Sus abogados insisten en que se trató de fallas administrativas ejecutadas sin su aprobación. La defensa anunció su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar violaciones procesales.
El escándalo se suma a otro frente judicial que golpeó al exmandatario. En diciembre de 2024 se confirmó su condena por corrupción en el conocido “caso de las escuchas”. Allí fue sentenciado a tres años de prisión, con un año efectivo bajo brazalete electrónico, después de intentar obtener información privilegiada de un juez de Francia en 2014.
Apoyo derechista
Las reacciones políticas siguen divididas. Dirigentes de la derecha francesa manifestaron apoyo al expresidente; mientras que, desde los Republicanos calificaron el fallo como una persecución judicial. Por otro parte, voces del Partido Socialista francés destacaron la importancia de sancionar a altos funcionarios cuando violan la ley. El presidente Emmanuel Macron evitó pronunciarse, aunque desde el Elíseo se enfatizó el respeto al Estado de derecho.
Sarkozy mantiene influencia en sectores conservadores pese a su retiro en 2016. Con esta resolución, se convierte en el primer expresidente de la Quinta República con pena de prisión efectiva, aunque adaptada. El caso refuerza el papel de la justicia en el combate contra la corrupción política y marca un precedente para futuras contiendas electorales en Francia.
