La renovación de autoridades clave para el andamiaje democrático de Ecuador, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General del Estado, se encuentra en un limbo preocupante. El abogado constitucionalista y consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Oscar Ayerve, ha denunciado lo que califica como un «incumplimiento sistemático» de los plazos por parte del CPCCS. Esta situación, a su juicio, perjudica la transparencia y pone en riesgo el destino democrático del país. Especialmente de cara a la consulta popular de noviembre.

En una entrevista concedida a Manavisión Plus, Oscar Ayerve contextualizó la crisis institucional actual. Partió de una serie de conflictos y divergencias entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que han generado un clima de desconfianza. Sin embargo, su análisis se centró en la parálisis del organismo encargado de la designación de autoridades, el CPCCS. Consideró que sus dilatorias, según él, ya no son una excepción, sino la norma. «Podemos prever que todos los procesos que están pendientes de ser nombrados no van a cumplir con los plazos o tiempos que se requiere», sentenció.

El caso más apremiante, según Oscar Ayerve, es el del Consejo Nacional Electoral. Señaló que dos de sus miembros principales, Diana Atamaint y Enrique Pita, se encuentran en funciones prorrogadas. Esto a pesar de que su mandato constitucional finalizó el 20 de noviembre del año pasado. Esta prórroga, argumenta, debilita la institucionalidad del CNE. Un organismo que tiene una relación directa con la próxima consulta popular. «Existe un escenario que perjudica la democracia, la transparencia y las condiciones constitucionales», afirmó. Explicó que la prórroga solo debería ocurrir en casos extraordinarios y siempre que no existan alternos legalmente posesionados, lo cual no es el caso en esta situación.

Una crisis que se extiende a la Fiscalía y otras entidades

La parálisis en el CPCCS no se limita al CNE. Oscar Ayerve advirtió que el proceso para nombrar al nuevo Fiscal General del Estado debió concluir a principios de 2025. Esto antes de que Diana Salazar cumpliera su mandato de seis años en abril, pero está lejos de concretarse. «Es absolutamente evidente que el año 2025 será imposible que se nombre Fiscal General del Estado. Por lo tanto, se prevé más bien dilatorias adicionales que implicarían probablemente que a mediados del próximo año tal vez tengamos algún resultado», proyectó.

Esta inacción se repite en otras dignidades, como la del Tribunal Contencioso Electoral. Su proceso de renovación «ni siquiera se ha empezado». Para Oscar Ayerve, este patrón de incumplimiento sistemático es una muestra de la falta de operatividad. También, de la posible influencia política que paraliza al CPCCS. Una institución cuya misión es precisamente garantizar la independencia y la correcta conformación de los poderes del Estado.

El caso personal de Ayerve: Una «decisión política» para bloquear su titularidad

El consejero alterno no dudó en señalar que él mismo ha sido víctima de estas dinámicas. Oscar Ayerve denunció que existe «una decisión política de impedir que Oscar Ayerve asuma la responsabilidad de consejero principal». Relató que, sistemáticamente, se han presentado escenarios para evitar su posesión. Mencionó directamente al correísmo, bajo el liderazgo de Viviana Veloz en la Asamblea, de haber tomado «la decisión de no posesionar a Oscar Ayerve por varias razones que son de conocimiento público», un proceso que se extendió por nueve meses.

Cuando finalmente se vieron presionados, según su relato, intentaron posesionar ilegalmente a David Rosero Minda, quien había sido destituido por la Corte Constitucional. También a Roberto Gilbert Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, quien había perdido las elecciones de febrero. A pesar de que Oscar Ayerve no tenía ningún impedimento, se le bloqueó el paso. «No permitieron que Oscar Ayerve, pese a que no tenía ningún impedimento, asumiera esa responsabilidad», afirmó. Describió una clara intencionalidad de marginarlo.

La «adulteración de documentos» para fabricar un impedimento

La trama para impedir su posesión, según Oscar Ayerve, llegó al punto de la manipulación de documentos oficiales. Denunció que, «de la noche a la mañana», apareció un impedimento ilegal en el sistema del Ministerio del Trabajo. Inicialmente, se le atribuyó una causal de «deudor de la banca pública». Dijo que esta causal era falsa tanto para él como para la empresa a la que se adjudicaba el supuesto incumplimiento.

«Tanto es así que dos horas después cambian el documento registrado en el Ministerio del Trabajo. Por ende, de manera ilegal, bandoleramente manipulada, se determina que habían puesto una causa adicional», relató Oscar Ayerve. Esta nueva causal, según el consejero, era una «causal general» que «no existe absolutamente en ningún cuerpo legal» ni en el acuerdo ministerial correspondiente. Acusó directamente una «manipulación y adulteración de documentos en el propio sistema informático del Ministerio del Trabajo». Se trata de una denuncia de extrema gravedad que apunta a una ilegalidad manifiesta.

La fiscalización como herramienta de control a la Corte Constitucional

En la parte final de su intervención, Oscar Ayerve abordó la propuesta de someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político. Calificó esta propuesta como un error jurídico que socavaría la independencia judicial. Explicó que la Constitución actual reserva la interpretación de la Carta Magna exclusivamente a la Corte. Permitir que la Asamblea la enjuicie por sus fallos sería «echar al traste lo que significa una Corte Constitucional».

Sin embargo, aclaró que los jueces no están exentos de control. Oscar Ayerve explicó que la Asamblea, en su rol fiscalizador, puede llamar a los magistrados al pleno para que expliquen sus decisiones. Además, si de un fallo se desprendiera una posible infracción penal, los asambleístas pueden solicitar a la Fiscalía que inicie una indagación. Este, según él, es el mecanismo constitucional correcto para la rendición de cuentas. Uno que respeta la independencia de los poderes del Estado sin renunciar al control político y a la responsabilidad jurídica.