La Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) convocó una jornada de protesta para el 22 de julio en rechazo al aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte, cuyo sueldo pasó de 16,000 soles (unos 4,500 dólares) a 35,568 soles (unos 10,000 dólares) mensuales, y al cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La manifestación, que iniciará a las 16h00 en la plaza 2 de Mayo en Lima, busca exigir la vacancia presidencial y mejoras en las condiciones de vida, incluyendo salarios dignos y la reducción de precios del gas doméstico.
La ANP calificó el incremento salarial de Dina Boluarte como un “abuso de poder” que infringe una ley de topes salariales en el sector público y el artículo 113 de la Constitución. Este artículo contempla la incapacidad moral como causal de vacancia. “Este incremento demuestra la insensibilidad de un gobierno que privilegia beneficios personales sobre las necesidades populares”, señaló la organización, según el portal elbuho.pe. También, la protesta demandará la culminación del Gasoducto Sur Peruano y se replicará en ciudades como Arequipa, Cuzco y Trujillo.
Contexto de las protestas
El anuncio del aumento salarial de Dina Boluarte, aprobado mediante decreto, generó controversia en el país. Allí, el salario mínimo es de 1,025 soles (unos 290 dólares), según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En paralelo, el cierre del Reinfo, programado para el 31 de diciembre de 2025, ha desatado protestas de mineros informales, quienes mantienen bloqueos en carreteras de Ica, Arequipa, Apurímac, Cuzco y La Libertad. La Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) reportó siete puntos con tránsito interrumpido, afectando la actividad económica.
Sin embargo, los mineros rechazan el cierre del Reinfo, que excluye a más de 50,000 inscripciones en proceso de formalización, aunque 31,000 podrán continuar. Desde la semana pasada, un grupo acampa frente al Congreso en Lima, exigiendo la continuidad del registro para evitar la criminalización de su actividad. El martes 8 de julio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso debatió dos proyectos de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal. De su parte, Juntos por el Perú anunció una iniciativa para extender el Reinfo hasta diciembre de 2026.
Respuesta gubernamental
En un evento en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte llamó a la unidad y pidió dejar atrás el “odio” y la “desinformación”. Esto, según ella, dividen a la sociedad y debilitan el orden constitucional. “De la violencia no se gana nada. Por esta situación, llamo al diálogo dentro del marco legal”, afirmó.
La presidenta defendió la formalización de la minería legal, argumentando que la actividad ilegal genera pérdidas de “millones de divisas” al país, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Por ello se estima un impacto económico de 2,000 millones de soles anuales (unos 560 millones de dólares).
Impacto económico y social
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su rechazo a los bloqueos, señalando que afectan la actividad industrial y agraria. Según un informe de la Confiep, las interrupciones en carreteras podrían generar pérdidas diarias de hasta 100 millones de soles (unos 28 millones de dólares).
Los organizadores de la protesta del 22 de julio esperan una participación masiva. Mientras el gobierno refuerza la seguridad en Lima y otras ciudades. Para más información, se pueden consultar los comunicados de la ANP y el Congreso.
