El martes 19 de agosto, la sesión del Concejo Municipal de Santo Domingo se tornó polémica. El alcalde Wilson Erazo, junto a concejales alternos, enfrentó a las ediles Ana Caicedo y Liliana Silva, quienes denunciaron sanciones administrativas tras participar en un plantón contra las multas de tránsito por cámaras, lo que derivó en acusaciones de persecución política y cuestionamientos sobre el uso del presupuesto municipal.

Notificaciones desatan la controversia

El orden del día incluyó cinco puntos y la presencia de cuatro concejales alternos, quienes se principalizaron debido a que varios titulares se encontraban de vacaciones.

En medio de esta dinámica, las concejales Ana Caicedo y Liliana Silva rechazaron haber recibido una notificación de la Dirección de Talento Humano, firmada por el director encargado Jefferson Veloz. El documento señalaba que el 12 de agosto no se encontraban en sus puestos de trabajo durante la jornada laboral.

Ese día, ambas participaron en un plantón en los bajos del Palacio Municipal, acompañadas de ciudadanos que rechazan las multas de tránsito generadas por cámaras.

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Concejales denuncian persecución

Durante la sesión, Ana Caicedo manifestó que la medida constituye un intento de silenciar su labor. “Este Municipio tiene funcionarios como el director de Talento Humano encargado, que haciendo uso de la ignorancia se atreve a notificar a una autoridad designada por voto popular. No me van a callar”, dijo.

La edil agregó que se busca responsabilizar a los concejales que protestan por medidas impopulares, cuando en realidad, según su criterio, la administración debería enfocarse en solucionar problemas como los reclamos ciudadanos por las multas.

Por su parte, Liliana Silva recordó que ha participado en “un sinnúmero de plantones y marchas”, tanto en su etapa previa como ciudadana como en su rol actual de concejal, y que nunca antes había recibido una notificación similar.

“Es persecución política”, afirma Silva

Silva cuestionó los motivos detrás de la sanción. “¿Por qué lo hace ahora? ¿Qué razones tiene esta notificación?”, preguntó. Además, subrayó que la entidad encargada de evaluar la conducta de los concejales es el Tribunal Contencioso Electoral o, en su defecto, la Comisión de Mesa del Concejo Municipal de Santo Domingo, no la Dirección de Talento Humano.

“Esto es un acto de persecución por parte del alcalde”, aseguró. En su criterio, la medida busca amedrentar a los ediles que han sido críticos frente a decisiones municipales, en particular las relacionadas con la movilidad y la administración de recursos.

Las declaraciones fueron respaldadas por parte del público presente, que también manifestó rechazo a las sanciones.

La postura del alcalde Wilson Erazo

Ante las acusaciones, el alcalde Wilson Erazo defendió las notificaciones. Recordó que los concejales son funcionarios públicos con obligaciones laborales y que deben cumplir una jornada de ocho horas.

“Si los encontramos haciendo tremendo escándalo y relajo y quieren que no diga nada, me dicen que eso es perseguir”, expresó el alcalde.

Erazo también subrayó que los ediles perciben más de dos mil dólares mensuales y que no es coherente exigir derechos mientras incumplen con sus responsabilidades.

Debate por los sueldos municipales

El tema derivó hacia el manejo del presupuesto. La concejal Ana Caicedo respondió que existen directores y gerentes de empresas municipales con sueldos superiores a tres mil dólares, quienes —según ella— no aportan soluciones a los problemas de tránsito y seguridad vial.

Explicó que el pago mensual a concejales y a sus dos asistentes llega a 32 mil dólares, mientras que a los funcionarios de alta jerarquía se destinan 99 mil dólares mensuales. Estas cifras generaron debate sobre la priorización de recursos en la administración local.

Para Caicedo, se trata de una distribución desigual que favorece a directores y gerentes designados, en detrimento del trabajo de fiscalización de los concejales.

Las concejales notificadas anunciaron que recurrirán a instancias superiores para impugnar las sanciones. En particular, señalaron que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral y la Contraloría General del Estado si las medidas persisten.