Las autoridades de Nicaragua concedieron, este miércoles 20 de agosto, asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en Colombia, durante el gobierno de Gustavo Petro. La decisión rechaza formalmente la solicitud de extradición presentada por Bogotá, que lo acusa de participar en un grave escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Asilo concedido por motivos políticos

El Ministerio de Exteriores de Nicaragua justificó la medida al considerar que González enfrenta una persecución política y judicial en su país. En el documento oficial, se destacó su trayectoria como líder de izquierda y su cercanía con el presidente Petro, con quien compartió militancia en la exguerrilla del M-19. Según el solicitante, esta vinculación ha derivado en una campaña mediática de desprestigio, amenazas directas contra su vida y la de su familia, así como en procesos judiciales que carecerían de pruebas.

Argumentos del exfuncionario colombiano

González afirmó que la posible imposición de una medida de aseguramiento en Colombia pondría en riesgo su integridad. Señaló que su privación de la libertad en instituciones carcelarias no contaría con garantías jurídicas y que su seguridad personal se vería comprometida. En ese contexto, Managua comunicó a Bogotá que su decisión se sustenta en la Constitución de Nicaragua, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en tratados internacionales que respaldan el derecho al asilo.

Reacción de Colombia

El otorgamiento del asilo provocó la reacción inmediata del Gobierno colombiano. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un gesto “inamistoso”. “Si el presidente Petro solicita la extradición de alguien y el país requerido no corresponde, se trata de un acto agresivo que obliga a revisar relaciones”, señaló en declaraciones a W Radio.

La respuesta diplomática deja entrever un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales entre Managua y Bogotá. En un contexto marcado por divergencias políticas y críticas a la administración de Daniel Ortega. Esto por su manejo de los derechos humanos y el asilo a opositores y exfuncionarios de otros países.

Imputación por corrupción en Colombia

La Fiscalía General de Colombia mantiene imputaciones contra Carlos Ramón González por delitos de cohecho y lavado de activos por apropiación en favor de terceros. Según las investigaciones, el exfuncionario habría desempeñado un rol clave en la planificación y ejecución de pagos irregulares que superan los 92.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 20 millones de dólares.

Los hechos se relacionan con irregularidades detectadas en tres contratos de la UNGRD. La entidad estatal, encargada de atender emergencias en el país, quedó en el centro de cuestionamientos por el presunto desvío de fondos públicos. El Ministerio Público colombiano sostiene que González habría utilizado su posición y conexiones dentro del Gobierno para facilitar los desembolsos y favorecer a terceros.

Contexto político y jurídico

El caso de González se suma a una serie de procesos judiciales que han sacudido a exfuncionarios del actual gobierno colombiano. La decisión de Nicaragua de concederle asilo no solo evita su extradición, sino que también refuerza la narrativa de persecución política que el exdirector del Dapre y sus defensores sostienen.

En el plano internacional, la medida revive el debate sobre el uso del asilo político como mecanismo de protección y, al mismo tiempo, como recurso de confrontación diplomática. Para Managua, representa la aplicación de principios constitucionales y compromisos internacionales. Para Bogotá, una negativa que obstaculiza el avance judicial de un caso de corrupción con impacto millonario en fondos estatales.

Próximos pasos

Hasta el momento, no se ha definido si Colombia emprenderá nuevas acciones diplomáticas o legales para insistir en la extradición. Sin embargo, la postura oficial del Gobierno colombiano deja abierta la posibilidad de revisar sus relaciones con Nicaragua en caso de que la decisión no se reconsidere.

Mientras tanto, González permanecerá bajo protección del Estado nicaragüense. En un contexto en el que su figura se convierte en un símbolo de la tensión entre justicia, política y diplomacia en la región.