La exfiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, advirtió sobre las debilidades del marco jurídico ecuatoriano para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico. En entrevista con la periodista Janeth Hinostroza, en el programa Visionarias, la exfiscal sostuvo que el país necesita una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente que adapten las normas a la realidad criminal actual. Diana Salazar destacó la urgencia de estas reformas.

Salazar aseguró que la Carta Magna de 2008 y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) presentan vacíos legales que impiden juzgar de forma efectiva delitos como el terrorismo, el lavado de activos o el narcotráfico. “No podemos seguir enfrentando estructuras criminales del siglo XXI con leyes del siglo pasado”, señaló. Diana Salazar enfatizó esta problemática durante su intervención.

Propuesta de una legislación “antimafia” para Ecuador

Durante la entrevista, Salazar insistió en la necesidad de una legislación “antimafia”, inspirada en modelos como el italiano, para impedir que los delincuentes aprovechen beneficios penitenciarios o vacíos jurídicos. Propuso eliminar reducciones de pena y beneficios procesales para quienes sean sentenciados por delincuencia organizada.

Además, planteó que estos delitos sean imprescriptibles y puedan juzgarse en ausencia, como ocurre con los delitos de corrupción. Según explicó Diana Salazar, el actual marco legal impide enjuiciar a capos del narcotráfico que se ocultan en el extranjero, lo que permite su impunidad.

La exfiscal enfatizó que estos mecanismos son indispensables para fortalecer la justicia penal, evitar fugas y garantizar sanciones efectivas. “En los casos de crimen organizado, el tiempo juega a favor del delincuente. Si las acciones prescriben, la justicia pierde toda fuerza”, advirtió.

Inhabilitación política para sentenciados por narcotráfico

Otra de sus propuestas es la prohibición constitucional para que personas sentenciadas por narcotráfico o delincuencia organizada puedan postularse a cargos de elección popular. Salazar destacó que el artículo 233 de la actual Constitución inhabilita a quienes cometieron delitos de corrupción, pero no incluye expresamente al narcotráfico.

“Debemos impedir que quienes han sido condenados por delitos graves participen en la vida política del país”, sostuvo. Añadió que los vacíos legales permiten que estructuras criminales se infiltren en las instituciones públicas, como se evidenció en casos como Metástasis y La Pampa, relacionados con el crimen organizado y la mafia albanesa. Diana Salazar subrayó estas preocupaciones al reflexionar sobre la infiltración criminal.

Experiencia internacional y comparación con Italia

Salazar pidió licencia a su cargo diplomático para asistir a una invitación de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano, donde expuso su experiencia durante los seis años al frente de la Fiscalía General del Estado. En su intervención, relató cómo Ecuador ha enfrentado la expansión del narcotráfico sin un marco normativo suficientemente sólido.

“La delincuencia organizada ha avanzado más rápido que nuestras leyes. Han pasado 17 años desde la Constitución de Montecristi, y el contexto actual es completamente distinto”, explicó. Según Salazar, los Estados están obligados, conforme a las Convenciones de Palermo y de la ONU contra la Corrupción, a actualizar sus marcos legales frente a las nuevas modalidades delictivas.

En Italia, dijo, encontró coincidencias sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación judicial internacional y el juzgamiento en ausencia, figura que permitiría procesar a criminales prófugos.

Llamado a un debate ciudadano y reforma integral

La exfiscal exhortó a la ciudadanía a participar en el debate sobre el futuro constitucional del país. Señaló que no se trata de modificar artículos aislados, sino de revisar integralmente el modelo de justicia y seguridad.

“No podemos tratar igual a quien respeta la ley y a quien la infringe de forma estructurada. Los delitos de narcotráfico o terrorismo requieren un tratamiento diferenciado”, afirmó. También cuestionó el uso excesivo de garantías constitucionales, que —según ella— han sido utilizadas para otorgar beneficios a sentenciados por delitos graves.

Como ejemplo, mencionó el caso del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, sentenciado en el caso Metástasis, a quien se le otorgó acceso a internet y computadora bajo el argumento del derecho a la defensa. “Hay derechos fundamentales que son innegociables, como la vida o la salud, pero otros no pueden convertirse en privilegios”, puntualizó. Diana Salazar reiteró que la aplicación de las leyes debe ser rigurosa.

Proyección política y futuro constitucional

Salazar no descartó una eventual candidatura a la Asamblea Constituyente, en caso de que triunfe el “Sí” en la Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025. No reveló si representaría a alguna organización política, pero reiteró su compromiso con la reforma constitucional y la lucha contra el crimen organizado.

“La delincuencia muta y avanza, mientras el Estado se queda atrás. Debemos ser más creativos y firmes para que quienes delinquen no encuentren espacio ni en la justicia ni en la política”, concluyó.