Fundaciones y organizaciones sociales de Santo Domingo presentarán una acción de protección contra el Consejo Cantonal de Protección de Derechos por presunta exclusión y vulneración de la ley.
El abogado Marcelo Rivera y representantes de organizaciones sociales anunciaron este lunes 10 de noviembre de 2025 la presentación de una acción de protección constitucional contra Wilson Erazo, presidente del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, y Xiomara Vélez Camino, su directora ejecutiva, en Santo Domingo. La medida busca frenar el reglamento aprobado el 30 de diciembre de 2024 para el concurso de méritos y oposición de las juntas cantonales de protección de derechos, al considerar que excluye a las fundaciones y organizaciones sociales del proceso de postulación.
Omisión legal en el reglamento de concurso
Según explicó Marcelo Rivera, defensor de las fundaciones, el Consejo Cantonal omitió deliberadamente un requisito establecido en el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, que obliga a permitir que las organizaciones de la sociedad civil propongan candidatos para integrar las juntas de protección de derechos.
“El reglamento aprobado vulnera el debido proceso y la garantía de motivación, porque no justifica la razón de esta exclusión”, indicó Rivera. Agregó que esta omisión “viola la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución” y constituye un precedente grave para las entidades que trabajan con niños, niñas, adolescentes y grupos de atención prioritaria.
El abogado sostuvo que las juntas deben estar conformadas por personas con experiencia y compromiso social. “No podemos permitir que este espacio se convierta en un botín político, controlado por allegados a la administración municipal”, afirmó.
Reacción de las organizaciones sociales
Paulina Rueda, presidenta de la Fundación Mamá Pauly y coordinadora del Observatorio de Erradicación de Violencia de Género, también participa en la acción legal. Según detalló, las organizaciones sociales han sido marginadas de las mesas de diálogo y de los procesos participativos dentro del Consejo.
“Nos han dejado fuera de todas las mesas por cuestionar las decisiones del alcalde y del Consejo. Se está vulnerando el derecho de participación”, denunció. Rueda explicó que el reglamento favorece a candidatos cercanos al presidente del Consejo, Wilson Erazo, y no a profesionales con trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
La representante recordó además que la Junta de Protección no ha actuado con diligencia en casos de violencia de género. “Presentamos una denuncia de una mujer violentada y la Junta se negó a otorgar medidas de protección. Así no se garantiza el acceso a la justicia”, afirmó.
Rueda expuso que otras tres fundaciones participarán en el proceso como amicus curiae.
Preocupación por la independencia institucional
Las organizaciones cuestionan que el concurso actual no respeta los principios de transparencia y participación ciudadana. Según Rueda, “ya se conocen los nombres de los postulantes con mejores puntajes, todos cercanos a la administración municipal”.
La medida constitucional busca suspender el proceso de selección vigente y exigir la reforma inmediata del reglamento, garantizando la inclusión de todas las fundaciones que trabajan en protección de derechos.
Contexto y pasos legales
La acción de protección será presentada ante la Unidad Judicial de Santo Domingo. Los accionantes piden una medida cautelar para detener el concurso mientras se analiza la posible inconstitucionalidad del reglamento.
De acuerdo con la legislación ecuatoriana, una acción de protección procede cuando una autoridad emite actos administrativos que vulneran derechos reconocidos en la Constitución. Si la Corte acoge el pedido, el Consejo Cantonal deberá reformar el reglamento. Además de garantizar la participación de las organizaciones civiles en los procesos de selección (5).
