La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno ecuatoriano entregar un informe completo sobre los casos de desapariciones forzadas en Ecuador ocurridos durante los operativos militares. El plazo máximo fijado es el 15 de noviembre del 2025.
El organismo solicitó detalles sobre el paradero de las víctimas, las gestiones de búsqueda y las medidas adoptadas para proteger a sus familias. Además, pidió conocer el estado de las investigaciones y sus resultados.
CIDH otorga medida cautelar a 22 familias ecuatorianas
Esta petición surge tras una medida cautelar concedida por la CIDH a favor de 22 familias, representadas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE).
Entre los casos más notorios se encuentra el de Dave Loor, de 20 años, desaparecido junto a Juan Santillán, de 27, luego de ser detenidos por una patrulla militar el 26 de agosto de 2024, en la provincia de Los Ríos.
Diana Roca, tía de Dave y vocera de los afectados, relató el momento de la detención. “Y cuando le pregunta al militar qué era lo que estaba pasando, que por qué lo tenían detenido, uno de los militares le apunta con el fusil y le dice sal de aquí porque si no a ti también te llevamos”, recordó.
Familiares denuncian lentitud e información reservada
Según Roca, testigos del operativo declararon ante la Fiscalía que los jóvenes fueron golpeados y torturados por los uniformados. “Que en la camioneta los llevaban y les dice sí, aquí ya nos pegaron, ya nos golpearon, nos torturaron, los habían hundido en la poza de agua”, agregó la familiar.
Los allegados de las víctimas denuncian lentitud en los procesos investigativos. Además, acusan al Ministerio de Defensa de mantener información confidencial sobre los operativos militares requeridos por la Fiscalía.
El abogado Fernando Bastias, del CDH-GYE, recordó: “Nuestra Constitución, artículo 18 numeral 2, prohíbe a las instituciones públicas negarse a entregar información cuando se trate sobre temas de violaciones a derechos humanos”, señaló.
Amnistía Internacional alerta sobre el incremento de casos
Un informe de Amnistía Internacional, publicado este año, ya advertía sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en Ecuador. Según la Fiscalía General del Estado, desde 2023 se registran 43 personas víctimas de este delito en el país.
Organismos de derechos humanos insisten en que la militarización de la seguridad interna incrementa el riesgo de abusos y desapariciones sin control judicial.
La CIDH mantiene su monitoreo activo sobre el cumplimiento de la medida cautelar y sobre las acciones que adopte el Estado ecuatoriano. De no presentar la información requerida, Ecuador podría enfrentar un proceso de responsabilidad internacional ante el sistema interamericano de derechos humanos.
