El Pueblo Montuvio del Ecuador, encabezado por Gabriela García, firmó el pasado jueves 13 de noviembre en Manta un convenio con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con el objetivo de tecnificar el agro mediante programas de capacitación, certificaciones y alianzas estratégicas que permitan mejorar la competitividad productiva en el país.

Un convenio con enfoque en capacitación y productividad

Durante la firma, realizada en el marco del aniversario número 40 de la ULEAM, Gabriela García, presidenta nacional del Pueblo Montuvio, destacó que el acuerdo representa un avance histórico para la comunidad. Según explicó, el convenio permitirá impulsar procesos de formación técnica para los productores agrícolas mediante certificados de competencia, avalados por la institución académica.

García indicó que la educación técnica constituye una herramienta fundamental para que los agricultores puedan acceder a mercados locales, nacionales e internacionales. “Necesitamos tecnología, conocimientos y certificaciones para que los hermanos montuvios puedan empoderarse y mejorar su producción”, afirmó.

La dirigente señaló que uno de los ejes centrales es promover la idea de “desaprender para volver a aprender”, una frase que resume la transición hacia prácticas agrícolas modernas sin dejar de lado los saberes ancestrales de las comunidades.

Tecnificación del agro como ruta hacia la competitividad

El convenio contempla capacitaciones permanentes, programas de tecnificación, desarrollo tecnológico para el agro y creación de espacios de articulación entre la academia y el territorio. García destacó que la tecnificación permitirá que los productores puedan competir en condiciones justas dentro del mercado agrícola, donde prevalece la oferta y demanda.

Explicó que, con la tecnología adecuada, los productores podrán incorporar valor agregado, evitar intermediación excesiva y mejorar la comercialización de productos como la papa, el plátano, la yuca y el café. El objetivo, señaló, es “lograr precios justos y fortalecer la economía rural”. Asimismo, la presidenta enfatizó que los conocimientos ancestrales seguirán siendo parte del proceso formativo, articulados con nuevas herramientas tecnológicas para generar mejores resultados en el territorio.

Contexto constitucional y reconocimiento del Pueblo Montuvio

García recordó que el artículo 59 de la Constitución reconoce oficialmente al Pueblo Montuvio del Ecuador como pueblo ancestral. Esto permite que la organización participe en decisiones relacionadas con el campo y la producción. Subrayó que no se trata de una organización convencional, sino de una entidad respaldada por la Constitución con atribuciones para promover políticas vinculadas al agro.

El censo del INEC señala que el 7,7 % de la población ecuatoriana se autoidentifica como montuvia, equivalente a aproximadamente 1,67 millones de personas. Con estos datos, el Pueblo Montuvio se ubica como la segunda población étnica más numerosa, después de los mestizos. García afirmó que históricamente el pueblo no había logrado un empoderamiento pleno, pero aseguró que actualmente existe un proceso de recuperación de la identidad cultural montuvia, reflejado en prácticas tradicionales como el uso del sombrero y el machete.

Producción agrícola y desafíos para la exportación

La dirigente mencionó que el presidente Daniel Noboa ha promovido internacionalmente productos del campo ecuatoriano como el verde y el cacao. Sin embargo, señaló que muchos productores montuvios no cuentan con conocimientos sobre exportación, certificaciones o manejo de cadenas productivas, lo que limita su acceso a mercados internacionales.

El convenio busca cerrar esa brecha mediante el acompañamiento académico, pasantías técnicas y formación especializada en el territorio. La meta es que los futuros tecnólogos e ingenieros agropecuarios puedan trasladar sus conocimientos a las comunidades.

Trabajo conjunto con la ULEAM

Según García, la colaboración con instituciones del Estado es clave para apoyar al sector rural. Mencionó que se está trabajando con la ULEAM para implementar centros de mediación y arbitraje en coordinación con el Consejo de la Judicatura. El fin es resolver conflictos relacionados con la actividad agrícola.

Además, la organización estudia alternativas para tecnificar la producción y aprovechar mejor los recursos disponibles, como la creación de productos balanceados y otros insumos que generen ingresos adicionales para los productores.