Un grupo de adultos mayores y jubilados mantiene su reclamo contra el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas debido a los constantes retrasos en la devolución del IVA. Los afectados consideran que la espera se extiende cada mes y que la situación complica su estabilidad económica diaria. Además, anticipan un proceso judicial intenso.
La primera diligencia se desarrolló en Guayaquil el 21 de noviembre, donde los representantes presentaron documentos que evidencian la mora estatal. El grupo insistió en que la ausencia de respuestas afecta a miles de beneficiarios que dependen de estos recursos. La audiencia dejó un ambiente de expectativa nacional. También elevó la presión sobre las autoridades.
Devolución del IVA: audiencia del 8 de diciembre será decisiva para los reclamos
La segunda audiencia está programada para el 8 de diciembre, y los jubilados consideran que definirá el rumbo del proceso. La jueza revisará nuevas pruebas y escuchará argumentos sobre los retrasos acumulados. Además, evaluará la responsabilidad institucional por el perjuicio. Los demandantes esperan un dictamen con plazos claros para los pagos.
Harry Valarezo, representante del colectivo, afirmó que el retraso en la devolución del IVA “se ha vuelto una constante” y señaló que pasan entre seis y ocho meses antes de recibir un primer desembolso. Agregó que la incertidumbre afecta la planificación económica de los adultos mayores. También recalcó la necesidad de respuestas inmediatas.
Jorge Iturburu, abogado del grupo, comentó que esperan una resolución que ordene tiempos de pago claros y un sistema que garantice regularidad. Además, advirtió que, ante una negativa, presentarán una apelación sustentada en el derecho constitucional de los jubilados. El abogado sostiene que la discusión debe centrarse en la transparencia estatal. El colectivo confía en un pronunciamiento firme.
Jubilados piden transparencia y un control público del proceso
En septiembre de 2025, el SRI anunció que destinaría USD 130 millones a la devolución del IVA tras la eliminación del subsidio al diésel, con la proyección de beneficiar a 115 000 personas. Sin embargo, el organismo no detalla cuántos usuarios continúan en lista de espera ni cuántos meses acumula la mora. Esta falta de claridad incrementa el malestar dentro del colectivo.
Los representantes del grupo sostienen que necesitan información verificable sobre los montos pendientes y los plazos máximos de entrega. Además, recalcan que la falta de transparencia mantiene a los adultos mayores en incertidumbre constante.
