El Consejo de la Judicatura (CJ) analizó un informe técnico durante la sesión ordinaria número 105-2025 realizada este 27 de noviembre, donde se identificaron irregularidades disciplinarias en expedientes de Pichincha e Imbabura.
El reporte, elaborado por la Subdirección de Control Disciplinario, expuso fallas en la tramitación y resolución de procesos contra servidores judiciales de ambas provincias.
Consejo de la Judicatura revisó expedientes en Pichincha e Imbabura
En Pichincha, el equipo revisó 400 expedientes, tramitados entre 2023 y 2025, dentro de un trabajo ejecutado del 2 al 11 de junio. El análisis determinó que 17 procesos se resolvieron sin observar la normativa. Mientras, seis expedientes mostraron problemas al inadmitir denuncias y otros 16 casos registraron falencias en la fase investigativa.
En Imbabura, la revisión abarcó expedientes disciplinarios de 2022 a 2024 mediante un muestreo aleatorio. Allí se detectaron siete investigaciones con resoluciones sin motivación y procedimientos que concluyeron sin seguir todos los pasos del debido proceso, incluso en causas que podían generar sanciones para servidores judiciales.
Frente a estos hallazgos, el CJ ordenó el inicio de sumarios administrativos para identificar responsabilidades y aplicar sanciones cuando corresponda. Asimismo, el organismo destacó que estos procedimientos buscan corregir prácticas indebidas, fortalecer el control interno y asegurar que las decisiones se ajusten a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial.
Acciones para reforzar el control disciplinario
El Consejo de la Judicatura explicó que este trabajo forma parte de una estrategia nacional de control disciplinario, diseñada para evitar archivos irregulares y garantizar que los expedientes cumplan todos los requisitos legales. En meses anteriores ya se detectaron situaciones similares en Manabí y Chimborazo, lo que también motivó la apertura de sumarios disciplinarios.
Con estas acciones, el CJ busca consolidar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas y recuperar la confianza ciudadana en el sistema disciplinario.
