La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes 23 de diciembre una ley que establece penas de hasta 20 años de prisión. Dicha sanción iría contra quienes promuevan o respalden desde el país bloqueos navales y actos calificados como “piratería”. Esto en referencia a la incautación de buques petroleros por parte de Estados Unidos, en el Caribe, según el discurso oficial del Gobierno.
El proyecto legislativo se aprobó por unanimidad por los diputados del oficialismo, partido de Nicolás Maduro, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento unicameral. La normativa forma parte de un paquete de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Según el Gobierno, se busca reforzar el marco legal frente a acciones que el Gobierno considera amenazas a la soberanía y a la seguridad económica del país.
Asamblea Nacional de Venezuela es chavista
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión parlamentaria, la ley penaliza la promoción, respaldo o colaboración con bloqueos navales. También sanciona los actos definidos como “piratería” contra embarcaciones venezolanas o vinculadas al comercio de hidrocarburos. Las sanciones contemplan penas de prisión que pueden alcanzar los 20 años, además de otras medidas previstas en la legislación penal vigente.
El oficialismo justificó la aprobación de la norma como una respuesta a las incautaciones de buques petroleros venezolanos realizadas por autoridades estadounidenses. Aquello ha ocurrido en el marco de las sanciones internacionales. Desde la perspectiva del Gobierno venezolano, estas acciones constituyen actos ilegales que afectan directamente la industria petrolera y los ingresos del Estado.
Sanciones económicas impuestas por Estados Unidos
Durante el debate, los legisladores señalaron que la ley busca disuadir cualquier forma de cooperación interna con medidas externas que limiten el comercio marítimo del país. El texto legal establece que las conductas sancionadas deben realizarse “desde territorio venezolano”. Venezuela enfrenta desde hace años sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países, que incluyen restricciones al sector petrolero.
En este contexto, se han producido incautaciones de cargamentos de crudo y de embarcaciones vinculadas a la comercialización de petróleo venezolano, hechos que el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado de forma reiterada ante instancias internacionales. La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo desde 2021, ha aprobado diversas leyes orientadas a reforzar el control estatal y a responder a las sanciones externas.
