El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impulsa una de las mayores expansiones de vigilancia digital de su historia reciente.
Según registros federales revisados por medios estadounidenses, la agencia canaliza cientos de millones de dólares hacia nuevas herramientas tecnológicas.
El plan acompaña la estrategia del Gobierno para endurecer la aplicación de la Ley Migratoria y acelerar las deportaciones masivas. Además, los documentos detallan inversiones en monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial, lectores de matrículas y rastreo de ubicación.
Por tanto, el alcance operativo del ICE crece de forma sostenida dentro del territorio estadounidense.
Contratos millonarios y vigilancia del ICE
Organizaciones defensoras de libertades civiles alertan sobre efectos colaterales del programa. A medida que el ICE refuerza sistemas de identificación y seguimiento de inmigrantes indocumentados, el riesgo se amplía.
De hecho, los críticos advierten que la vigilancia podría atrapar a ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Así, el despliegue tecnológico ampliaría de manera drástica la vigilancia doméstica.
En consecuencia, la privacidad enfrentaría nuevas presiones frente al poder federal.
Los registros de contratación muestran adjudicaciones clave del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El DHS asignó a Palantir Technologies más de USD 139 millones para operar el sistema de Gestión de Casos de Investigación del ICE.
El contrato rige desde 2022 y mantiene vigencia potencial hasta 2026. Por ello, la plataforma se consolida como eje del análisis y la integración de datos migratorios. Además, la inversión sostiene operaciones de gran escala y continuidad plurianual.
A este acuerdo se suma un contrato con Clearview AI por USD 3,75 millones. El monto podría superar los USD 9 millones si se activan opciones de renovación hasta 2027.
El objetivo consiste en dotar a Investigaciones de Seguridad Nacional de software de reconocimiento facial. El financiamiento proviene de cuentas del propio ICE, según los documentos.
De este modo, la agencia amplía capacidades biométricas con proveedores privados.
Reconocimiento facial y datos sensibles
El DHS afirmó que toda tecnología utilizada por sus componentes debe cumplir políticas internas, requisitos de privacidad y marcos de supervisión. Sin embargo, evitó referirse a proveedores o herramientas específicas en declaraciones a la prensa.
Mientras tanto, el ICE expande aplicaciones biométricas móviles en terreno. Entre ellas figura Mobile Fortify, que captura huellas e imágenes faciales en espacios públicos.
La herramienta accede a bases de datos gubernamentales para identificar personas.
Desde 1974, la Ley de Privacidad prohíbe crear una base de datos centralizada de información personal. No obstante, el ICE firmó acuerdos amplios de intercambio con la Administración del Seguro Social, el IRS y el Departamento de Salud.
La agencia se ampara en órdenes ejecutivas para operar estos convenios. Así, se habilitan solicitudes masivas de información personal. El acuerdo con la Administración del Seguro Social de EE.UU. (SSA) autoriza hasta 50.000 registros mensuales.
En apenas cuatro meses, el ICE solicitó más de un millón de archivos al IRS. Para los críticos, esta práctica erosiona la protección legal de los datos.
Jay Stanley, analista sénior de políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, advirtió que “el reconocimiento facial se ha convertido en una tecnología de redadas marcada por invasiones sistemáticas de la privacidad, errores frecuentes y disparidades raciales que afectan de manera desproporcionada a minorías”.
