El Gobierno de Donald Trump impulsa un programa sin precedentes para vigilar y deportar inmigrantes, generando alarma entre familias y activistas. Contratos millonarios con empresas privadas permiten rastrear domicilios, antecedentes y movimientos de millones de personas dentro de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha aumentado su inversión en herramientas digitales y presenciales, mientras la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recurre a cazarrecompensas y empresas especializadas para localizar a inmigrantes, incluso cuando no enfrentan cargos legales.

“El aumento de las herramientas de vigilancia, tanto digitales como presenciales, por parte de la administración Trump es otro ejemplo de cómo su guerra sin cuartel contra los inmigrantes continúa sin control por parte de los republicanos en el Congreso, a pesar de que sus métodos siguen afectando negativamente a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes sin antecedentes penales”, declaró al medio La Opinión la congresista Nanette Díaz Barragán.

Empresas privadas al servicio de la persecución

ICE contrató a BI Incorporated, parte de GEO Group, para que investigadores privados rastreen a inmigrantes. La compañía opera en California, Florida, Nueva York, Texas e Indiana, utilizando verificación de datos, observación física y búsqueda avanzada de domicilios actuales o pasados.

Para expertos y activistas, estas prácticas representan un aumento del miedo y el terror hacia las comunidades inmigrantes en el segundo año del mandato de Trump.

“La idea de deportación masiva se explica como una depuración étnica, de deportar a inmigrantes, darle la oportunidad a la comunidad blanca a reproducirse, y, por otra parte, debemos recordar que el odio es un negocio redituable”, señaló Miguel Tinker Salas, profesor emérito de Pomona College.

Contratos millonarios y ganancias privadas

El Gobierno también asignó 2.6 millones de dólares a EnProVera Corporation, de Tampa, Florida, para rastreo avanzado y verificación de domicilios. Aproximadamente 50,000 casos al mes serán investigados en todo Estados Unidos.

Capgemini Government Solutions, con sede en McLean, Virginia, podría recibir más de 365 millones de dólares por servicios de localización y verificación de antecedentes. Por su parte, Bluehawk, de Florida, maneja contratos de hasta 200 millones para investigar inmigrantes en Washington D.C., aplicando técnicas de contrainteligencia y vigilancia avanzada.

“Guerra sin cuartel” contra inmigrantes y críticas políticas

La congresista Barragán afirmó que Trump no escatima recursos para expulsar a inmigrantes y evitar la entrada de nuevos. Denunció la falta de oposición real de los republicanos en el Congreso y destacó que los demócratas continúan presentando demandas y audiencias públicas para frenar abusos.

“Este ataque frontal contra los inmigrantes no terminará mientras Trump esté en el poder, a menos que los miembros republicanos del Congreso y el público estadounidense alcen la voz y digan basta”, subrayó Barragán.

Por su parte, el congresista Jimmy Gómez (California/34) calificó de inmoral y antiamericano que empresas lucren del miedo de familias inmigrantes.

“Convertir a seres humanos en objetivos financieros es incorrecto y antiamericano. Estas corporaciones están alimentando la fuerza policial nacional y personal de Trump, creada exclusivamente para separar familias. Pero los demócratas estamos contraatacando y estamos ganando”, afirmó Gómez.

El fallo de la jueza Jia M. Cobb permite a los legisladores inspeccionar centros de detención sin aviso previo, frenando parcialmente la política de ICE que buscaba restringir visitas, mientras la vigilancia y el espionaje continúan en todo el país.