El 8 de enero anterior, el CAL tomó conocimiento inicial de la solicitud y requirió un análisis a la Unidad Técnica Legislativa (UTL). Este ente recomendó proceder con la calificación y transferir el caso a la Comisión de Fiscalización. El entre está bajo la dirección de Ferdinan Álvarez de Acción Democrática Nacional (ADN), donde predomina el oficialismo. Si se aprueba, esta instancia recopilaría evidencias y testimonios para un eventual debate en el pleno.
He convocado al CAL este domingo 11 de enero a las 10:00am para calificar el juicio político contra Mario Godoy. https://t.co/OO9qXIba0y pic.twitter.com/NICHmKXQ1F
— Niels Olsen (@NielsOlsen) January 9, 2026
Detalles de las imputaciones
Las imputaciones se basan en la supuesta violación del artículo 168 de la Constitución ecuatoriana. En el se detalla que obliga a salvaguardar la autonomía judicial y fomentar la claridad en los procesos de justicia. Según los promotores, Godoy habría permitido presiones indebidas vía su colaborador Henry Gaibor hacia el juez Carlos Serrano. El objetivo habría sido favorecer a Jezdimir Srdan, un serbio encausado por delitos de narcotráfico y excliente de Dolores Vintimilla, cónyuge de Godoy.
Los asambleístas de RC han propuesto convocar a testigos clave para esclarecer estos hechos durante la fase de investigación. Este enfoque busca examinar posibles interferencias que afecten la equidad en causas delicadas, como aquellas ligadas al crimen organizado transnacional.
Respuesta del implicado y marco institucional
Godoy se presentó ante la Asamblea el 5 de enero y requirió una audiencia en la Comisión de Fiscalización para refutar las alegaciones. En su exposición, subrayó su compromiso con la entrega de pruebas que demuestren su inocencia.
El caso surge en medio de un clima de confrontación política en Ecuador, donde la oposición, liderada por RC, ha activado herramientas de control como el juicio político para supervisar entidades estatales. El CJ, encargado de la gestión administrativa y disciplinaria de la justicia, ha enfrentado críticas recurrentes por presuntas influencias externas, un tema que resuena en evaluaciones de organismos regionales sobre el estado de derecho en el país.
