El escenario político en la provincia de Santa Elena dio un giro determinante durante la tarde de este martes 13 de enero. Los integrantes del cuerpo edilicio se reunieron con carácter de urgencia para tratar el destino del terreno municipal en La Libertad, cuya negociación previa había desatado una ola de críticas a nivel nacional. La decisión final fue unánime: dar marcha atrás a un proceso que nació bajo sospechas administrativas.

A través de la intervención del Secretario Municipal, se certificó formalmente que el punto número dos del orden del día fue aprobado por los presentes. Esta acción deja sin efecto la resolución 718-12-2025, la cual fundamentaba la creación y el contrato de compra-venta del terreno municipal en La Libertad. Con este acto, la actual administración intenta cerrar un capítulo que puso en duda la transparencia del cabildo local.

Un giro radical en la sesión de concejo en La Libertad

El alcalde del cantón, Francisco Tamariz, tomó la palabra para justificar el cambio de postura de su administración ante la mirada de medios de comunicación y ciudadanos. Durante su intervención, Tamariz enfatizó que escuchar y rectificar no disminuye la calidad de un ser humano, sino que demuestra una conexión con quienes caminan las calles. En relación al terreno municipal en La Libertad, el burgomaestre aseguró que su posición busca únicamente el respeto al pensamiento de los habitantes libertenses en este proceso.

El primer personero municipal aprovechó la tribuna para desmentir los rumores sobre el flujo de dinero que supuestamente ya había ingresado a las arcas locales. Según sus declaraciones, es totalmente falso que existan ya depósitos millonarios en las ventanillas por el terreno municipal en La Libertad, aclarando que el municipio atraviesa una situación económica sumamente compleja. Aseguró que las barreras están para ser superadas y que su voto a favor de la anulación era un mensaje de respeto.

El discurso de la rectificación de Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad

La narrativa oficial cambió desde la aprobación inicial de la venta en diciembre de 2025, cuando se pretendía enajenar el predio a una joven de 24 años. El escándalo por el terreno municipal en La Libertad escaló cuando se reveló que la compradora, una docente sin actividad empresarial, pretendía pagar cerca de 3.4 millones de dólares. Las dudas sobre el origen de los fondos y un posible testaferrismo forzaron a las autoridades a reconsiderar la viabilidad legal del trámite.

Incluso la supuesta compradora, Jenny Ramírez, envió misivas contradictorias donde primero alegaba suplantación de identidad y luego solicitaba que la adjudicación del terreno municipal en La Libertad se hiciera a favor de una empresa privada. Ante este escenario confuso, el Concejo Cantonal decidió que lo más prudente era anular todo el procedimiento para evitar mayores repercusiones legales y sociales en la península.

La sombra de la irregularidad y la zona protegida

Sin embargo, no todos los miembros del concejo se mostraron satisfechos con la simple anulación, exigiendo responsabilidades políticas claras por el error cometido. El concejal Marino Carriel fue uno de los críticos más vocales, reclamando directamente al alcalde Tamariz por haber dado paso a un trámite que carecía de la transparencia necesaria. Sobre el terreno municipal en La Libertad, Carriel señaló que la calidad de los asesores que rodearon al alcalde fue deficiente al no advertir los riesgos legales de la operación.

El edil Carriel recordó que se le había advertido con antelación al alcalde que dicho predio se encuentra en una zona considerada como protegida. Esta advertencia ignorada sobre el terreno municipal en La Libertad ha provocado que la Fiscalía inicie una investigación formal que involucra a todos los concejales que votaron inicialmente a favor. La preocupación ahora se centra en las consecuencias penales que esta decisión administrativa podría acarrear para los funcionarios implicados.

Consecuencias legales para la administración municipal

La presión sobre la administración de Tamariz no solo provino del ámbito local, sino que se extendió a los entes de control estatal. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial ya había iniciado una vigilancia de oficio sobre el terreno municipal en La Libertad, advirtiendo posibles actos contrarios al ordenamiento jurídico vigente en el país. La falta de claridad en el proceso administrativo puso al cantón en el ojo del huracán de las instituciones fiscalizadoras.

A esto se sumó la denuncia penal presentada por cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana, quienes cuestionaron la falta de transparencia en la venta directa. El manejo del terreno municipal en La Libertad fue calificado por diversos sectores políticos como un “negocio en la sombra” que pretendía favorecer intereses particulares. La anulación de la resolución busca, en teoría, frenar el avance de estas acciones judiciales que amenazan la estabilidad del cabildo.

El clamor de transparencia en el cantón La Libertad

Los habitantes de La Libertad han seguido de cerca este proceso, realizando incluso plantones frente a las entidades de justicia para exigir respuestas claras. El terreno municipal en La Libertad representa uno de los últimos activos territoriales de gran extensión con los que cuenta el municipio para su desarrollo futuro. Por ello, la comunidad demanda que cualquier proyecto futuro en esas 93 hectáreas sea socializado y cumpla con todos los rigores de la ley.

Finalmente, la sesión de concejo terminó entre aplausos de quienes celebraron la revocatoria, aunque el malestar por la gestión previa persiste en el ambiente. La protección del terreno municipal en La Libertad queda ahora como una prioridad para el concejo, que deberá reestructurar su equipo de asesoría jurídica para evitar nuevos escándalos. El mensaje del alcalde de “rectificar es de humanos” cierra un episodio, pero la fiscalización apenas comienza para los responsables de este fallido proceso.