La Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió el 21 de julio de 2025 un proyecto de Ley de Extradición a la Asamblea Nacional, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y fortalecer la cooperación internacional contra la corrupción y el crimen organizado. El documento, presentado por el presidente de la CNJ, José Suing, al titular del Parlamento, Niels Olsen, busca reemplazar la Ley de Extradición de 2000 para adaptarla a los estándares internacionales de derechos humanos y los resultados del referéndum del 21 de abril de 2024, que aprobó la extradición de ciudadanos ecuatorianos bajo condiciones específicas.
El proyecto, compuesto por 39 artículos, una disposición transitoria, dos disposiciones reformatorias y dos finales, será evaluado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista. Si se admite, será derivado a una de las quince comisiones permanentes de la Asamblea para su análisis. La iniciativa subraya la necesidad de una normativa que facilite la gestión eficiente de procesos de extradición. En línea con los principios de reciprocidad y los compromisos internacionales de Ecuador en la lucha contra el crimen transnacional.
Los puntos claves de este proyecto de ley
Entre los puntos clave del proyecto destacan el artículo 5, que regula la extradición de ecuatorianos. El artículo 6, sobre extradición activa; y el artículo 15, que establece causales para denegar la extradición pasiva. Otros artículos detallan procedimientos como la audiencia oral de extradición (artículo 27), la sentencia de extradición (artículo 28). Asimismo, la notificación al Estado requirente (artículo 30). La propuesta también incluye disposiciones sobre detención urgente (artículo 19) y plazos para la entrega del extraditable (artículo 33), buscando agilizar y transparentar el proceso.
La actual Ley de Extradición, promulgada en el Registro Oficial n.º 152 del 30 de agosto de 2000, se basa en la Ley de Extranjería de 1971 y en principios de cooperación penal de esa época. Sin embargo, el proyecto señala que estos parámetros han evolucionado para priorizar el respeto a los derechos humanos y responder a las demandas actuales de combate a la delincuencia organizada. La CNJ aprobó el texto el 8 de enero de 2025, tras considerar los resultados del referéndum de 2024, que modificó la Constitución. Esto, para permitir la extradición de ecuatorianos bajo estrictos requisitos legales.
Casos de extradición
El primer caso de extradición de un ciudadano ecuatoriano bajo este marco fue Adolfo Macías Villamar, alias Fito. El 20 de July de 2025, Macías fue trasladado desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, a Nueva York, donde enfrenta cargos en Estados Unidos. Este caso, que involucró un operativo con un costo estimado de $500,000 para el traslado, marcó un hito en la aplicación de la extradición en Ecuador.
Un segundo ecuatoriano, Luis Gonzalo H. Ch., está en proceso de extradición a Estados Unidos. Detenido en una cárcel ecuatoriana, es requerido por un Tribunal de Distrito en Hennepin, Minneapolis, para enfrentar cargos por “conducta sexual delictiva en primer grado.” Su traslado, pendiente de autorización, podría costar al Estado ecuatoriano alrededor de $300,000, según estimaciones de procesos similares.
El proyecto de ley responde al creciente desafío del crimen organizado en Ecuador, donde, según el Ministerio del Interior, las actividades delictivas transnacionales generaron pérdidas de $1,200 millones en 2024. La modernización de la normativa de extradición busca fortalecer la cooperación con países como Estados Unidos. Estos han intensificado sus solicitudes de extradición de presuntos criminales. El trámite en la Asamblea será crucial para determinar si la propuesta avanza y cómo impactará en la justicia penal ecuatoriana. (24)
