La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó el 17 de octubre una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esto por una supuesta infracción electoral en el financiamiento de la campaña de la consulta popular sobre el bloque 43 del Yasuní.
El caso, que involucra a dos colaboradoras de Leonidas Iza, busca esclarecer la omisión de informes. Esto es sobre recursos utilizados en la promoción del «Sí» durante el referendo de agosto de 2023. Este proceso se realizó en todo el territorio ecuatoriano para decidir el destino del crudo del Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). Este proceso responde a la obligación legal de transparencia en el gasto electoral, según el Código de la Democracia.
No habría entregado el informe
El lead de la denuncia acusa directamente a Leonidas Iza, en su rol de representante legal de la Conaie. Se le acusa de no entregar el informe detallado de los fondos invertidos en la campaña que impulsó la paralización indefinida de la explotación petrolera en el bloque 43. Se trata de un yacimiento ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.
La consulta, aprobada por la Corte Constitucional en mayo de 2023 tras una iniciativa ciudadana del colectivo Yasunidos, preguntó a los votantes: «¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?». El «Sí» obtuvo el 58,69% de los votos, con una participación del 85,72%, según resultados oficiales del CNE. Esto obligó a un desmonte progresivo de las operaciones petroleras en un plazo de un año.
Denuncia incluye a exvicepresidenta y jefa de campaña de Conaie
Atamaint incluyó en la denuncia a Zenaida Yasacama, exvicepresidenta de Leonidas Iza en la Conaie y responsable del manejo económico durante la campaña. Además, denunció a Patricia Lalvay, jefa operativa de la promoción indígena. Estas figuras, clave en la articulación de esfuerzos entre organizaciones indígenas y ambientales, habrían omitido la rendición de cuentas requerida por la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, conocida como Código de la Democracia. La norma exige que todas las entidades inscritas para campañas —en este caso, nueve organizaciones apoyaron el «Sí»— presenten informes detallados de ingresos y egresos dentro de los 30 días posteriores al proceso electoral.
Este martes 21 de octubre, el expediente llegó al juez Patricio Maldonado Benítez del TCE. Él otorgó un plazo de 48 horas para que Atamaint complete y aclare la denuncia con pruebas adicionales. De no cumplirse, el proceso podría archivarse por incumplimiento del Reglamento de Trámites del TCE. Maldonado, con experiencia en casos de financiamiento irregular, enfatizó la necesidad de documentación exhaustiva para avanzar a la fase de notificación a los denunciados.
UNE también bajo investigación por financiamiento electoral
Esta acción no es aislada en el escrutinio de la campaña Yasuní. A inicios de octubre, Atamaint presentó una denuncia similar contra la Unión Nacional de Educadores (UNE), enfocada en el control financiero de su promoción del «Sí». El caso apunta a Andrés Quishpe, actual presidente de la UNE y jefe de campaña en 2023. Isabel Vargas, ex presidenta y representante legal del gremio, también es señalada; además de Guillermo Estrella, responsable económico.
La jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, admitió el trámite y dispuso una audiencia oral única de pruebas y alegatos para el 6 de noviembre. Esto es antes de una sentencia de primera instancia. Coloma, quien ha resuelto precedentes sobre propaganda electoral, verificó que la UNE, inscrita como organización política aliada, falló en reportar sus aportes, de manera similar al caso de la Conaie.
Un hito ambiental impulsado desde el 2013
El contexto de estas denuncias se enraíza en la consulta del Yasuní, un hito ambiental impulsado desde 2013 por Yasunidos. Se recolectaron más de 757.000 firmas pese a obstáculos iniciales del CNE en 2019, resueltos por el Consejo de Participación Ciudadana. El bloque 43, en operación desde 2016 bajo Petroecuador, produce alrededor del 15% del petróleo ecuatoriano. Con impactos en comunidades indígenas como los Waorani y en la biodiversidad amazónica, declarada reserva de la biosfera por la UNESCO.
La victoria del «Sí» generó debates sobre transiciones energéticas. Esto con estimaciones del Banco Central del Ecuador que proyectan pérdidas fiscales de hasta 3.600 millones de dólares en dos décadas. Equilibradas por beneficios ecológicos como la reducción de 400 millones de toneladas de CO2.
Sanciones por infracciones electorales podrían llegar a cuatro años de suspensión
Las infracciones por financiamiento electoral, tipificadas en el artículo 220 del Código de la Democracia, conllevan sanciones estandarizadas. Estas incluyen multas de 20 a 70 salarios básicos unificados. Las multas equivalen a 9.400 a 32.900 dólares al valor actual de 470 dólares por salario y suspensión de derechos políticos de dos a cuatro años. Estas penas, no excluyentes, aplican a responsables económicos y representantes legales, con prescripción de dos años desde la denuncia.
