l Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca realizó un desembolso financiero de USD 2,2 millones destinado a los productores de arroz en la provincia de Los Ríos. Esta operación económica se enmarca en las políticas de apoyo directo al sector rural, específicamente para aquellos dedicados al cultivo de gramíneas. Según el reporte oficial, el objetivo de esta transferencia es saldar los compromisos adquiridos con quienes suministran la materia prima básica para el consumo nacional, garantizando la continuidad de las actividades en el campo.
Dentro de este proceso, el Ministerio de Agricultura detalló que las piladoras COMEXTIL y Cristina, operativas en territorio fluminense, recibieron USD 1,1 millones cada una. Estas empresas actúan bajo un modelo de gestión delegada, lo que les permite canalizar los recursos estatales hacia los proveedores de arroz cáscara de manera directa. Con esta asignación, se busca que el flujo de capital llegue a los niveles base de la cadena productiva, permitiendo que la comercialización del grano se mantenga dentro de los parámetros técnicos establecidos por las autoridades competentes.
Asignación de fondos en la provincia de Los Ríos por parte del Ministerio de Agricultura
La ejecución de estos pagos por parte del Ministerio de Agricultura permite cubrir las obligaciones financieras derivadas de la adquisición de arroz cáscara. La medida alcanza a más de 500 pequeños y medianos agricultores de la zona, quienes entregaron sus cosechas a los centros de acopio autorizados. Este desembolso total de aproximadamente USD 2,2 millones representa la cancelación de valores pendientes por el producto recolectado, asegurando que los trabajadores del agro cuenten con la remuneración correspondiente a su labor productiva en los tiempos establecidos por la gestión pública.
El sustento legal para este movimiento de capital del Ministerio de Agricultura se encuentra en el Decreto Ejecutivo No. 596. Este documento, emitido por el presidente Daniel Noboa, otorgó a esta Cartera de Estado la competencia legal para intervenir en la compra, venta y almacenamiento de productos estratégicos. Específicamente, el mandato presidencial faculta a la institución para gestionar el mercado del arroz y el maíz, con el fin de establecer un control sobre los inventarios nacionales y asegurar que los procesos de intercambio comercial se realicen bajo normativas de transparencia y legalidad.
Marco legal y objetivos de la intervención estatal
El mandato aplicado por el Ministerio de Agricultura tiene como meta central el fortalecimiento del comercio justo dentro del territorio nacional. La intención del Gobierno es reducir las distorsiones provocadas por la intermediación en la comercialización de productos agrícolas. Al intervenir directamente en la cadena de pagos, se busca que el valor pagado al productor sea el que corresponde según la normativa vigente, evitando así que factores externos afecten la rentabilidad de las familias dedicadas al cultivo de arroz en la región litoral.
Asimismo, la intervención del Ministerio de Agricultura busca mitigar la especulación de precios que suele presentarse en el mercado de granos. Al garantizar la disponibilidad de fondos para las piladoras encargadas del procesamiento, se estabiliza la oferta y se asegura que el almacenamiento del grano cumpla con estándares técnicos. Esta estrategia de control de precios es parte de las funciones delegadas por la Presidencia de la República para proteger tanto la economía del productor agrícola como el acceso de la ciudadanía a productos de la canasta básica a costos regulados.
Aplicación del modelo de gestión propuesto por el Ministerio de Agricultura
Para la operatividad de estos pagos, el Ministerio de Agricultura utilizó el mecanismo de gestión delegada como herramienta administrativa. Este sistema permite que el Estado utilice la infraestructura de las piladoras locales para procesar y pagar el arroz, asegurando que los ingresos lleguen a los pequeños y medianos agricultores. La implementación de este modelo técnico ha sido la vía para operativizar el presupuesto estatal en beneficio del sector arrocero de Los Ríos, manteniendo un control sobre cada transacción realizada entre las empresas procesadoras y los productores individuales.
La coordinación de estos fondos estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura bajo la dirección del ministro Juan Carlos Vega. La gestión institucional permitió que los fondos fueran acreditados en las cuentas bancarias de las empresas piladoras de forma oportuna. Este proceso de acreditación es un paso previo indispensable para que las empresas COMEXTIL y Cristina realicen los pagos finales a los más de 500 beneficiarios censados en este ciclo productivo, cumpliendo con los cronogramas de desembolsos previstos para el cierre del año fiscal 2025.
Impacto en el sector arrocero local
El Ministerio de Agricultura ha manifestado que estas acciones forman parte del desarrollo integral del sector agropecuario en el país. Al reconocer la labor de los productores, la institución busca consolidar los cimientos de la economía rural. La entrega de USD 2,2 millones en Los Ríos se suma a los esfuerzos por mantener la estabilidad en una de las zonas con mayor producción arrocera de la nación. La continuidad de estos programas de pago depende de la gestión administrativa y del cumplimiento de los requisitos técnicos por parte de los agricultores y las plantas procesadoras.
