La situación social y política que atraviesa la República Islámica de Irán ha alcanzado niveles críticos en las últimas dos semanas. Según el último balance emitido este domingo por la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, la violencia desatada en las protestas contra el Gobierno ya deja una estela de muerte que conmociona a la comunidad internacional. Las manifestaciones, que se han extendido rápidamente por las principales ciudades iraníes durante 15 días consecutivos, han sido repelidas con una fuerza desmedida, generando un escenario de caos y luto en la nación persa.

Dentro de este trágico conteo de víctimas en Irán, los datos desglosados muestran que la violencia ha afectado a diversos sectores de la sociedad. Entre los fallecidos se han identificado a 47 miembros de las fuerzas de seguridad y un fiscal, pero el grueso de las víctimas mortales recae sobre la población civil: 483 manifestantes perdieron la vida. El informe detalla además un dato desgarrador: ocho menores de edad y cinco civiles que no participaban activamente en las marchas también resultaron muertos en los enfrentamientos.

Investigaciones en curso y proyecciones

El grupo de derechos humanos advierte que el panorama en Irán podría ser mucho más oscuro de lo que reflejan las cifras confirmadas hasta el momento. La organización ha señalado que existen actualmente 579 casos adicionales de muertes que están siendo minuciosamente investigados para determinar las causas y contextos de los decesos. Debido a este gran volumen de expedientes abiertos y reportes sin verificar, la ONG estima que la cifra total de muertos podría superar fácilmente el millar en el corto plazo.

La represión estatal en Irán no se limita únicamente al uso de fuerza letal, sino que se ha traducido en una campaña masiva de privación de libertad. Según los registros de HRANA, un total de 10.681 personas han sido enviadas a prisión tras ser arrestadas en el marco de las movilizaciones. Esta ola de detenciones busca desarticular el movimiento social, aunque la recopilación de información se ha visto severamente obstaculizada por la suspensión del servicio de internet, que ya suma varios días afectando las comunicaciones.

Manipulación mediática y apagón digital

Las denuncias sobre el manejo de la información en Irán incluyen tácticas de coacción psicológica y propaganda estatal. La organización ha contabilizado al menos 96 casos de lo que denominan “confesión forzada“, donde los detenidos son obligados a admitir culpas frente a las cámaras de los medios de comunicación públicos. Estas prácticas, denunciadas históricamente por organismos internacionales, buscan criminalizar la protesta y justificar ante la opinión pública las duras medidas tomadas por las autoridades contra los disidentes.

El bloqueo informativo es una pieza clave en la estrategia del gobierno de Irán, dificultando el flujo de noticias hacia el exterior. Las ONGs denuncian que este domingo se cumple el cuarto día sin acceso a internet, una medida drástica impuesta por las autoridades para atajar la coordinación de las protestas y evitar la difusión de material audiovisual. Sin embargo, a pesar del cerco digital, en las últimas horas se ha logrado filtrar una gran cantidad de documentos gráficos que evidencian la magnitud de la masacre.

Evidencias desde las morgues

Las imágenes que logran salir de Irán pintan un cuadro de horror, especialmente en la región de la capital. La ONG explica que el repentino “salto” en las cifras de fallecidos, que pasaron de 116 el sábado a más de 500 el domingo, se debe a la recepción de videos provenientes de depósitos de cadáveres. En concreto, se hace referencia a la Organización de Medicina Legal Kahrizak de Teherán, donde las imágenes muestran un gran número de cuerpos apilados, estimados en unos 250 solo en esa instalación.

El alcance geográfico del descontento en Irán es vasto y abarca prácticamente todo el territorio nacional. HRANA destaca que se han registrado incidentes y protestas en 585 puntos distintos, lo que incluye a 186 ciudades distribuidas en las 31 provincias en las que se divide administrativamente el país. Esta dispersión territorial demuestra que el malestar no es un fenómeno aislado de la capital, sino una crisis sistémica que ha movilizado a diversas capas de la población.

Amenazas judiciales y disparidad de cifras

La respuesta legal del régimen de Irán ante los disturbios ha sido de máxima severidad. La Fiscalía General ha anunciado que considera a todos los manifestantes como ‘mohareb’, un término religioso y legal que significa “enemigos de Alá”. Este delito está tipificado en la ley islámica y prevé la pena de muerte como castigo, lo que eleva el riesgo para los miles de detenidos. Los medios públicos, alineados con esta postura, han confirmado arrestos en masa de quienes califican despectivamente como “alborotadores“.

Aunque la cifra de 544 muertos en Irán no ha sido corroborada oficialmente por el gobierno, existen discrepancias entre las propias organizaciones no gubernamentales. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de un número más conservador de 192 fallecidos, aunque reconoce que algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos. Este grupo también advierte sobre la vulnerabilidad de los más jóvenes, confirmando que al menos nueve de las víctimas fatales eran menores de edad.

Origen económico y condena internacional

El estallido social en Irán tuvo su génesis el pasado 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán. Inicialmente, las movilizaciones estaban relacionadas con el desplome de la moneda nacional, el rial, y la crisis económica subsiguiente. Sin embargo, el reclamo evolucionó rápidamente hacia movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades, transformando una queja económica en un desafío directo a la estructura de poder del país.

Ante la gravedad de los hechos en Irán, la comunidad internacional ha comenzado a reaccionar. Mahmud Amiri-Moghaddam, director de IHRNGO, denunció que las muertes podrían ser mayores de lo imaginado debido al corte nacional de comunicaciones. “La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo“, afirmó, instando a que se empleen todos los medios bajo el derecho internacional para detener la matanza.