La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este martes a siete exmiembros del secretariado de las extintas FARC a ocho años de sanciones restaurativas por su responsabilidad en aproximadamente 21.400 secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia. La sentencia incluye a Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’. Se impone tras el reconocimiento de responsabilidad por parte de los implicados, quienes deberán cumplir penas alternativas bajo estrictas condiciones de seguimiento.
Una condena histórica para los máximos responsables de las FARC
El juez Camilo Suárez Aldana, ponente de la sentencia, informó que la JEP impuso la máxima sanción posible dentro del modelo de justicia transicional. Esta sanción está basada en el reconocimiento pleno de los hechos y la cooperación con el tribunal.
Además de Londoño, fueron sancionados Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda. Todos ellos fueron declarados responsables de crímenes de guerra como toma de rehenes y homicidios. También fueron declarados responsables de crímenes de lesa humanidad como privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.
La JEP también atribuyó responsabilidad por mando a los excomandantes por crímenes cometidos por sus subordinados. Estos crímenes incluyen tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros delitos no amnistiables.
Penas alternativas con enfoque restaurativo
Los siete condenados no cumplirán sus penas en centros penitenciarios tradicionales. En cambio, deberán participar durante ocho años en cuatro líneas de trabajo restaurativo como búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas antipersona. reparación simbólica y memoria histórica y medio ambiente, naturaleza y territorio.
Durante ese tiempo, estarán bajo un régimen de monitoreo continuo. Portarán dispositivos electrónicos de localización. Deberán residir en zonas geográficas determinadas y cumplir con horarios y tareas asignadas por la JEP.
La sanción también contempla la verificación del cumplimiento en tiempo real, con acompañamiento institucional y control sobre el desarrollo efectivo de los proyectos.
Contexto y antecedentes del fallo
Esta sentencia se produce después de años de investigación en el llamado Caso 01, centrado en los secuestros cometidos por las FARC entre 1990 y 2016. La JEP estableció que estos hechos respondieron a una política sistemática de financiamiento, presión territorial y control poblacional.
En julio de 2025, los mismos excomandantes admitieron el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores, lo cual también será objeto de futuras decisiones judiciales.
Según el tribunal, los máximos responsables «no hicieron lo suficiente» para evitar que las personas secuestradas fueran sometidas a vejaciones, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. Estos delitos son considerados imprescriptibles por el derecho internacional.
Reacciones institucionales
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, calificó la decisión como un precedente sin igual en la historia judicial de Colombia. “Nunca antes los máximos responsables habían reconocido públicamente sus crímenes ante la justicia y las víctimas”, afirmó.
La sentencia fue bien recibida por sectores de víctimas, aunque algunos representantes consideran que las penas son insuficientes frente a la magnitud de los crímenes. Sin embargo, la JEP reiteró que estas sanciones están dentro del marco legal de la justicia transicional pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
El fallo fortalece el compromiso del sistema de justicia transicional de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Estos son principios fundamentales del proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC.
