La legisladora Diana Jácome ha oficializado la entrega de un proyecto de ley que busca modificar el marco legal ecuatoriano. Esta iniciativa plantea una reforma penal sustancial al Código Orgánico Integral Penal (COIP), enfocada específicamente en la lucha contra la impunidad en delitos de alta gravedad. La propuesta tiene como eje central la incorporación de la imprescriptibilidad para conductas criminales relacionadas con el terrorismo, su financiación y la delincuencia organizada.

El objetivo fundamental de este cambio normativo es asegurar que el Estado ecuatoriano conserve, de manera indefinida, la facultad legal para investigar, procesar y sancionar estas infracciones. Al eliminar los límites de tiempo para la persecución de estos delitos, se busca cerrar las brechas legales que permiten a los criminales evadir la justicia por el simple transcurso de los años.

Alcance legal de la propuesta

La reforma penal sugiere la inclusión de un inciso adicional a continuación del numeral 4 del artículo 16 del COIP. El texto propuesto establece que serán imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos de terrorismo y su financiación. Además, se extiende esta condición a la delincuencia organizada cuando su fin sea cometer ilícitos como tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, pornografía infantil, tráfico de armas (fuego, químicas, nucleares o biológicas) y lavado de activos.

Es importante recordar que, bajo la legislación actual, la imprescriptibilidad ya se aplica a infracciones como el genocidio, agresiones a un Estado, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y delitos sexuales contra menores. La nueva propuesta busca equiparar la gravedad del crimen organizado y el terrorismo con estas categorías, ampliando así el catálogo de delitos que el Estado puede perseguir sin fecha de caducidad.

Argumentos de política criminal

Según la asambleísta proponente, esta reforma penal generaría impactos determinantes en la política criminal y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el ámbito práctico, la medida permitiría el desarrollo de investigaciones más exhaustivas y completas, reduciendo drásticamente las oportunidades para que líderes y miembros de estructuras criminales logren la impunidad simplemente esperando a que los plazos legales expiren.

Finalmente, Jácome enfatizó que esta iniciativa carece de tintes ideológicos o partidistas. La legisladora argumentó que el proyecto responde directamente a las demandas de la población ecuatoriana, que exige un país seguro y un Estado con una capacidad sancionadora robusta y real frente a las organizaciones criminales que socavan la institucionalidad democrática.