La defensa técnica del exvicepresidente Jorge Glas ha calificado la situación jurídica y médica de su cliente como una crisis de derechos humanos sin precedentes en el país. Tras la reciente negativa de un juez a conceder el traslado hospitalario solicitado, la abogada Sonia Vera denunció que se están creando las condiciones para lo que denomina una “pena de muerte” de facto. Para la jurista, la justicia en Ecuador ha emitido una sentencia que ignora la realidad clínica del exmandatario, calificando el proceso actual de indignante.

Durante una reciente entrevista en el medio digital Ecuador en Directo, Vera subrayó que no mantiene esperanzas en el sistema judicial ecuatoriano debido a la falta de garantías procesales observadas en las últimas diligencias. En la audiencia de habeas corpus, el juez limitó la intervención de Jorge Glas a solo dos minutos, impidiéndole exponer adecuadamente su situación de vulnerabilidad. Esta decisión de mantenerlo en un régimen de aislamiento extremo, según la defensa, atenta contra la vida y los derechos fundamentales del procesado, resultando en un escenario hospitalario negado de forma brutal.

Crisis médica y contradicciones en la audiencia de Jorge Glas

Uno de los puntos más críticos señalados por la defensa es la desacreditación del informe presentado por el doctor Barreto, médico internista de cabecera. A pesar de que Barreto posee la facultad para tratar múltiples patologías, los representantes del Estado cuestionaron su especialidad frente a un médico familiar que solo habría visitado a Jorge Glas en una ocasión. La abogada enfatizó que un médico de su confianza es el único capaz de ofrecer un diagnóstico integral y un tratamiento internista ante el cuadro clínico complejo que presenta el exvicepresidente.

La disparidad en el trato judicial durante la audiencia fue evidente cuando se permitió interrogar al médico particular sobre sus honorarios, mientras que el juez bloqueó preguntas similares hacia el médico del Ministerio de Salud. Vera aclaró que el doctor Barreto trabaja de forma pro bono, por lo que su testimonio no responde a una remuneración económica, a diferencia del perito oficial. Esta situación se volvió aún más tensa cuando la señal de la audiencia fue cortada en el momento en que el médico estatal ofrecía su declaración, lo cual fue tildado de impertinente.

Condiciones infrahumanas en “El Encuentro”

La situación en el centro de privación de libertad “El Encuentro” ha sido descrita como alarmante por la defensa, especialmente en lo que respecta a servicios básicos. Se denunció que Jorge Glas no tiene acceso a agua potable filtrada, consumiendo únicamente agua de la llave en una zona donde el líquido es salobre y altamente contaminante. La abogada advirtió que estas condiciones podrían derivar en una infección bacteriana grave, considerando que la cárcel se encuentra apenas al 35% de su construcción.

Además de las carencias físicas, el exvicepresidente es sometido a un régimen de aislamiento que incluye luces LED encendidas permanentemente y ruidos constantes para evitar su descanso. Esta privación del sueño, sumada a que no ha visto a su familia desde diciembre de 2024, constituye un cuadro de tortura psicológica según su equipo legal. Al ser un paciente farmacodependiente, la falta de reposición de fármacos específicos podría desencadenar una crisis psicótica en Jorge Glas, agravando su estado LED.

Situación jurídica de Jorge Glas y el Caso Reconstrucción

En el ámbito legal, la defensa sostiene que la detención actual de Jorge Glas carece de sustento tras haber cumplido la totalidad de sus penas anteriores el pasado 2 de octubre. No obstante, se ha activado una medida de prisión preventiva relacionada con el denominado Caso Reconstrucción, lo que la abogada interpreta como una estrategia para mantenerlo recluido de por vida. Aunque ya existe una sentencia de primera instancia en este proceso, se argumenta que el procesado debería gozar de su libertad mientras la resolución no esté ejecutoriada.

La notificación de este nuevo proceso judicial se habría demorado seis meses, llegando a la defensa apenas tras una denuncia pública realizada en redes sociales. El equipo legal de Jorge Glas planea solicitar de inmediato los recursos de aclaración y ampliación para posteriormente presentar la apelación formal por escrito. Esta batalla jurídica se desarrolla en un contexto donde, según Vera, en Ecuador se ha normalizado la deshumanización de las personas privadas de la libertad por intereses de la defensa estatal.

La sombra de la injerencia política

La falta de independencia judicial es otro de los pilares de la denuncia presentada por Sonia Vera, quien afirma que los magistrados actúan bajo presión del poder político. Según su análisis, cualquier juez que falle a favor de Jorge Glas se enfrenta a represalias que van desde el allanamiento hasta la destitución. Esta supuesta cooptación de las instituciones por mafias administrativas impediría un juicio justo, afectando a múltiples jueces que han intentado aplicar la ley de manera imparcial.

Ante este panorama, la defensa hace un llamado urgente a la Corte Constitucional para que intervenga como un dique de contención frente a las acciones del Ejecutivo. Vera sostiene que el respeto a la Constitución y a los tratados de orden internacional es la única vía para salvar la vida de su defendido. La exigencia ciudadana debe centrarse en que el organismo constitucional proteja la integridad de Jorge Glas, evitando que el sistema judicial sea utilizado como una herramienta de persecución.

El rol de la comunidad internacional

Debido a la desconfianza en las instituciones nacionales, la defensa ha centrado gran parte de sus esfuerzos en los organismos de protección internacional. Actualmente, Jorge Glas cuenta con medidas provisionales otorgadas por la CIDH, siendo uno de los pocos casos en el país que ha logrado este nivel de protección por el derecho a la vida. Estos procedimientos son los que permiten que abogados internacionales puedan visitarlo semanalmente para constatar su estado de salud y ofrecerle protección legal.

Paralelamente, el caso del asalto a la embajada de México en Quito sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se espera que para finales de 2026 o inicios de 2027 exista un pronunciamiento definitivo sobre la demanda de México por la violación de su sede diplomática y el otorgamiento del asilo. Para la defensa, estas decisiones internacionales serán de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano, so pena de enfrentar severas sanciones en el consejo de la ONU por el caso de Jorge Glas.

Responsabilidad estatal en la integridad física de Jorge Glas

La defensa enfatiza que la vida de Jorge Glas es responsabilidad directa del Gobierno de Daniel Noboa, ya que el procesado se encuentra bajo custodia del Estado. Los informes médicos indican que el exvicepresidente consume más de 45 dosis de 21 fármacos distintos, lo que lo convierte en un paciente de alta complejidad. Cualquier deterioro adicional en su salud o un desenlace de muerte será atribuido a la falta de atención médica oportuna y a las condiciones de reclusión actuales.

A pesar de los informes de la Defensoría del Pueblo, que la defensa califica como documentos para blindar al Estado, el cuadro clínico sigue siendo grave. La abogada Sonia Vera concluyó que Jorge Glas es un sobreviviente de crisis carcelarias previas, pero su resistencia física y mental está llegando a un límite peligroso. El acceso a medicinas adecuadas y el cese del aislamiento son las peticiones mínimas para evitar una tragedia anunciada en el sistema penitenciario ecuatoriano.