La Fiscalía General del Estado, en una audiencia de reformulación de cargos, agravó la imputación penal de homicidio a asesinato contra un adolescente de 17 años. Al adolescente lo acusan de disparar y causar la muerte de un padre y su hijo de cinco años, en un trágico suceso ocurrido el pasado 20 de julio en el suburbio de Guayaquil.

El ataque se registró en las calles 20 y K, cuando las víctimas, un niño de cinco años y su padre de 35, recibieron impactos de bala en sus cuerpos. El menor falleció pocos minutos después de que lo ingresaran a una casa asistencial, mientras que su padre murió once días después en un hospital público debido a la gravedad de sus heridas.

Avances de la investigación y hallazgo del arma

Inicialmente, la Fiscalía había formulado cargos por homicidio y tentativa de asesinato contra el adolescente, a quien lo aprehendió por la propia ciudadanía tras intentar huir del lugar de los hechos. La investigación avanzó significativamente cuando las autoridades lograron ubicar el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen.

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El arma la encontraron en un domicilio situado en las calles 16 y M, donde el menor la habría abandonado después de darse a la fuga e intentar escapar de la justicia. Este hallazgo se convirtió en un elemento de convicción clave para el proceso y fue ingresado correctamente en la cadena de custodia por parte de las autoridades.

Decisión judicial y futuro del proceso contra el adolescente

Durante la audiencia de reformulación de cargos, celebrada en la Unidad Judicial Florida Norte, el Fiscal de la Unidad de Delincuencia Juvenil presentó las pruebas recabadas. Entre ellas se incluyeron el parte de aprehensión, versiones de testigos, los informes de levantamiento de cadáveres, los protocolos de autopsia y la evidencia balística del arma encontrada.

Con base en estos elementos, la Fiscalía solicitó el cambio del tipo penal a asesinato. El Juez de la Unidad de Menores Infractores a cargo del caso acogió en su totalidad la solicitud, ratificando además la medida cautelar de internamiento preventivo para el adolescente. La instrucción fiscal, que es la fase de investigación, se prolongará por treinta días más, mientras se recaban más pruebas.

El delito de asesinato, según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con una pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. La gravedad de la nueva imputación refleja la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en este caso que ha conmocionado a la comunidad.