El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (Acción Democrática Nacional, ADN), presentó el pasado 28 de noviembre un proyecto de ley que reduce de 48 a 18 horas la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante los procesos electorales, al reformar el artículo 123 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida como Código de la Democracia.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite la iniciativa este lunes 1 de diciembre y la remitió a la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa para su análisis y dictamen correspondiente.
Detalle de la reforma propuesta
La norma vigente establece la denominada “ley seca” desde 36 horas antes del inicio de la votación hasta 12 horas después de cerrada la jornada. El proyecto plantea sustituir ese periodo por una restricción de solo 12 horas previas al comienzo oficial de las elecciones y 6 horas posteriores al cierre de las urnas.
En la exposición de motivos, Niels Olsen argumenta que la medida busca “armonizar la finalidad original de la norma –garantizar el orden público y la integridad del proceso electoral– con la realidad económica y social actual”. Sostiene que la aplicación prolongada de la ley seca ha generado impactos que “exceden con creces” su propósito inicial.
Impacto económico y laboral documentado
De acuerdo con diario El Universo, el texto legislativo cita el informe “Sondeo de afectaciones de la ley seca en restaurantes del Ecuador”, elaborado por la Confederación de Restaurantes del Ecuador en mayo de 2025, que calcula pérdidas aproximadas de 15 millones de dólares por cada jornada electoral en los sectores de gastronomía, turismo, hotelería, entretenimiento y comercio formal. En los últimos cinco años, esas afectaciones superarían los 112 millones de dólares, considerando elecciones generales, segunda vuelta, consultas populares y elecciones seccionales.
La restricción golpea especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de los fines de semana y temporadas altas. Así como a trabajadores que perciben ingresos por comisiones: chefs, meseros, bartenders, personal de limpieza, guías turísticos, músicos, artistas y personal de eventos.
Seis gremios nacionales de gastronomía, turismo, hotelería, bebidas alcohólicas y entretenimiento formal suscribieron un comunicado de respaldo. Destacan que la reforma “equilibra la protección del proceso electoral con la preservación del empleo formal”. También permite “recuperar parte de las pérdidas económicas que hoy afectan a negocios que pagan impuestos, generan plazas de trabajo y proyectan la imagen del país”.
Próximos pasos en el trámite
El proyecto ingresó formalmente el 28 de noviembre dirigido a la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN). Tras su calificación por el CAL, quedó en manos de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, presidida por Lucía Jaramillo (ADN). Una vez emitido el informe de la comisión, el proyecto deberá ser conocido en primer debate por el pleno. De ser aprobado, requerirá una segunda votación para convertirse en ley.
