El Tribunal Supremo de Brasil confirmó este martes 25 de noviembre la sentencia de 27 años y tres meses de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El juez Alexandre de Moraes declaró que no caben más recursos ordinarios y abrió la vía para ejecutar la condena, dictada por delitos relacionados con la organización de una trama destinada a perpetuar al exmandatario en el poder.
El fallo, adoptado en sede judicial en Brasilia, incluye también al diputado Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), y al exministro de Justicia Anderson Torres. Las decisiones judiciales consolidan un proceso iniciado a raíz de las investigaciones sobre los disturbios y movimientos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022 en el país.
Rechazo de recursos y condiciones para revisión judicial
La defensa de Jair Bolsonaro mantenía pendiente la posibilidad de un recurso de revisión. Sin embargo, el juez Moraes determinó que este mecanismo no es admisible, ya que el reglamento del Tribunal Supremo exige al menos dos votos absolutorios entre los magistrados para activar el proceso.
Según el diario brasileño O Globo, en la votación realizada en septiembre, solo uno de los jueces mostró intención de descartar el caso en favor del exmandatario, lo que dejó sin sustento la revisión. Con la confirmación del fallo, el proceso se traslada a la fase de ejecución, lo que implica el cumplimiento efectivo de la pena.
Detención preventiva y presunta tentativa de fuga
Jair Bolsonaro se encuentra actualmente detenido de manera preventiva en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Las autoridades ordenaron esta medida tras sospechas de fuga, luego de que intentara retirar la tobillera electrónica que debía portar mientras estaba bajo arresto domiciliario.
La decisión judicial responde a un protocolo de seguridad utilizado cuando existen señales de obstrucción a la justicia o riesgo de evasión. Las condiciones de la detención impiden a Jair Bolsonaro abandonar la sede policial y limitan su contacto con terceros, a la espera de que se determine el lugar definitivo para el cumplimiento de su condena.
Delitos atribuidos: golpe de Estado y organización criminal
El expresidente fue declarado culpable de liderar un plan para mantener su mandato tras concluir su periodo constitucional. Entre los delitos acreditados se incluyen golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución y coordinación de una organización criminal armada, daños agravados a bienes públicos y deterioro del patrimonio histórico.
Los cargos están vinculados a la planificación, ejecución y promoción de acciones destinadas a desconocer el resultado electoral. Las investigaciones judiciales han señalado que Jair Bolsonaro y sus colaboradores habrían utilizado instituciones públicas y estructuras estatales. Esto, para favorecer la desestabilización del sistema democrático brasileño.
Inhabilitación prolongada y horizonte político cerrado
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone la inhabilitación política del exmandatario. La medida permanecerá vigente hasta ocho años después del cumplimiento total de la condena.
De no producirse reducciones en su pena, el período de inhabilitación se extendería hasta el año 2060. De acuerdo con el cálculo judicial, Bolsonaro alcanzaría entonces los 105 años. Es decir, lo que en la práctica lo deja fuera de cualquier posibilidad electoral futura dentro del sistema democrático brasileño.
Impacto institucional y alcance jurídico
La confirmación de la sentencia representa uno de los fallos más severos emitidos por el Tribunal Supremo contra un exjefe de Estado desde el retorno de la democracia en Brasil. El caso refuerza la línea jurisprudencial de defensa del orden constitucional frente a intentos de subversión institucional.
La decisión mantiene en curso procesos adicionales relacionados con la red de apoyo político y operativo que habría colaborado en los hechos investigados. La Fiscalía brasileña continúa evaluando responsabilidades individuales y colectivas. Mientras el sistema judicial avanza en la consolidación de precedentes vinculados al resguardo del Estado de derecho.
