Adultos mayores y personas con discapacidad de Ecuador insisten en denunciar nuevos retrasos en la devolución del IVA, proceso que por ley debe completarse en un máximo de 60 o 90 días según cada caso. El grupo afectado denuncia retrasos de hasta ocho meses, situación que genera preocupación y aumenta la presión sobre el Estado para que cumpla con los pagos pendientes.
Cada semana se suman más testimonios de personas que no reciben respuesta del sistema tributario, pese a completar el trámite automático. Los afectados afirman que dependen de este dinero para gastos esenciales como medicina, alimentación y productos básicos destinados a su calidad de vida.
Aumentan reclamos por retrasos en la devolución del IVA
Aunque no existe una cifra oficial que permita conocer cuántos ciudadanos aguardan la devolución del IVA, las redes sociales reflejan un incremento de reclamos. Usuarios sostienen que el proceso no avanza, aun cuando entregaron toda la documentación exigida.
“A escala nacional son miles. No podemos esperar cinco meses para que nos devuelvan un mes”, expresó Harry Valarezo, representante de jubilados al canal Ecuavisa, quien advirtió que muchos viven con presupuestos ajustados y estos retrasos agravan su situación económica.
“A mí me deben desde mayo. Ese dinero lo usamos para medicina, alimentación y tener una vida digna”, relató Bolívar Potes al describir cómo estos atrasos complican la estabilidad de las familias.
Este tipo de testimonios motivó a los afectados a acudir a instancias judiciales para exigir atención inmediata.
En Guayaquil se desarrolló una audiencia sobre la acción de protección presentada por adultos mayores y personas con discapacidad. “¿Dónde está la plata?”, cuestionó Jorge Iturburu, abogado de los demandantes, quien insistió en que se respeten los plazos legales y se paguen los valores adeudados.
Gobierno anunció recursos, pero los atrasos continúan
En septiembre pasado, el Gobierno de Ecuador informó que destinaría $130 millones para cubrir la devolución del IVA a 115.000 personas pertenecientes a grupos prioritarios. El anuncio generó expectativas; sin embargo, los usuarios aseguran que los depósitos aún no se completan.
La situación mantiene en incertidumbre a miles de ciudadanos que dependen de este beneficio económico. Mientras tanto, continúan los procesos judiciales que buscan garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos.
