La mañana de este lunes, 8 de diciembre, marcó un hito judicial en la historia política reciente del Ecuador. Durante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio por el caso Sinohydro, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, emitió una resolución que complica el panorama legal del expresidente Lenín Moreno. Tras analizar los expedientes y argumentos presentados, el magistrado decidió llamar a juicio al exmandatario en calidad de “autor directo” del delito de cohecho, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia, que captó la atención mediática, contó con la presencia virtual de Lenín Moreno y su esposa, Rocío González. Ambos se conectaron vía telemática desde Asunción, Paraguay, ciudad donde residen desde el año 2023. Desde la distancia, escucharon cómo el juez Hernández desglosaba los elementos de convicción que, a su criterio, no solo justifican el inicio de la etapa de juicio, sino que señalan una participación activa y fundamental del expresidente en la presunta trama de corrupción.
El caso Sinohydro investiga un complejo esquema de sobornos relacionado con la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Esta megaobra, emblemática y controvertida, fue impulsada durante el gobierno de Rafael Correa y representó un costo para el Estado ecuatoriano cercano a los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que ahora se ventila en los tribunales es lo que ocurría tras bastidores durante el proceso de contratación.
Lenín Moreno habría tenido un rol crucial
Según la tesis presentada por la Fiscalía y acogida en esta etapa por el conjuez, Lenín Moreno, en su entonces rol de vicepresidente de la República, habría tenido una actuación “esencial y decisiva”. La acusación sostiene que su influencia fue clave para asegurar que la empresa estatal china Sinohydro se adjudicara el contrato, así como para facilitar la obtención del financiamiento necesario desde China para la ejecución de la obra.
El magistrado Hernández fue enfático en su argumentación. Advirtió sobre la presunta existencia de un “entramado estructurado y sostenido en el tiempo”. Esta red no habría sido casual, sino que estaba orientada específicamente a la recepción de dádivas, beneficios económicos y pagos indebidos. La investigación apunta a que estos fondos ilícitos fluían como consecuencia directa de la adjudicación, ejecución y supervisión del proyecto hidroeléctrico.
Sobornos en las contrataciones
Un punto crucial de la resolución judicial detalla el mecanismo financiero utilizado. El juez concluyó que el caudal de pruebas permite presumir que Lenín Moreno tuvo una participación relevante en el flujo de sobornos. Estos habrían sido canalizados a través de empresas como Recorsa e Ina Investment Corporation (conocido mediáticamente como el caso Ina Papers). Los beneficiarios finales de estas operaciones incluirían a personas del entorno familiar del exvicepresidente, materializándose en adquisiciones y entregas de bienes tanto en Ecuador como en el exterior.
Dentro de este círculo cercano procesado, figuran nombres clave que actuaban como representantes de Sinohydro en el país y que mantenían lazos de amistad personal con Lenín Moreno. Entre ellos se destacan el empresario Conto Patiño, su hija María Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, quienes también forman parte de las veinticuatro personas investigadas en esta causa.
Medidas para Lenín Moreno
La decisión del juez Hernández no se limitó únicamente al llamamiento a juicio. También revisó las medidas cautelares vigentes. Aunque la Fiscalía solicitó un cambio de medida, el conjuez optó por mantener la presentación periódica en la embajada de Ecuador en Paraguay, pero con una modificación significativa en su rigurosidad. A partir de ahora, Lenín Moreno deberá presentarse la primera y la tercera semana de cada mes, duplicando así la frecuencia de control que anteriormente era mensual.
Ahora, el proceso avanza hacia una nueva fase. Será un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia el encargado de la etapa de juicio propiamente dicha. En esa instancia se practicará la contrastación, impugnación y valoración integral de las pruebas. Lo que hasta hoy son elementos de convicción, deberán transformarse en pruebas contundentes para determinar la inocencia o culpabilidad de Lenín Moreno y el resto de los implicados en uno de los casos de presunta corrupción de mayor perfil en el país.
