Lo que comenzó como un lamentable episodio de violencia contra la libertad de prensa en Guayaquil ha derivado en un intenso cruce de versiones entre las autoridades locales y el ente rector de las compras públicas. Tras la brutal agresión sufrida por equipos periodísticos de RTS, TC Televisión y Ecuavisa la madrugada de este martes 9 de diciembre de 2025, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil anunció la separación inmediata de la empresa de seguridad responsable. Sin embargo, la justificación administrativa esgrimida por la entidad municipal ha sido frontalmente desmentida por el Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública), abriendo una interrogante sobre los procesos de selección de proveedores en la ciudad.
El incidente, que dejó a camarógrafos golpeados y equipos dañados mientras cubrían un conato de incendio, provocó la reacción inmediata del alcalde Aquiles Álvarez y de la Fundación Terminal Terrestre. A través de un comunicado oficial, la institución condenó los hechos y anunció la terminación unilateral del contrato. En su descargo, la Fundación enfatizó que dicha firma de seguridad “fue adjudicada a través del catálogo electrónico del Sercop“, argumentando que este mecanismo determina la selección de proveedores y que, por tanto, la contratación “no responde a decisiones directas de la Fundación”. Con esta afirmación, la entidad buscaba deslindar responsabilidad sobre la idoneidad de la empresa contratada, trasladando la carga al sistema nacional de compras.
La respuesta del Gobierno Central no se hizo esperar. En una aclaración pública difundida pocas horas después, el Sercop contradijo la versión municipal con un dato técnico contundente: la empresa de seguridad involucrada en la agresión no consta en el Catálogo Electrónico vigente. Esta precisión técnica tiene implicaciones legales y administrativas profundas. Si el proveedor no está en el catálogo, la Terminal Terrestre no pudo haber utilizado el mecanismo de “Orden de Compra” directa que el sistema ofrece. Esto sugiere que la contratación debió realizarse mediante otros procedimientos (como Subasta Inversa o Cotización), en los cuales la entidad contratante —en este caso, la Terminal— tiene la responsabilidad directa de elaborar los términos de referencia, calificar las ofertas y verificar que el proveedor esté habilitado para contratar con el Estado.
El Sercop fue enfático al recordar que es obligación privativa de las entidades contratantes verificar los antecedentes y la capacidad legal de sus proveedores antes de la adjudicación. Al desmentir que la empresa provenga de su catálogo de preseleccionados, el ente rector devuelve la responsabilidad de la selección a la administración de la Terminal, cuestionando la narrativa de que la contratación fue ajena a su voluntad o control directo.
Mientras se esclarece este “teléfono dañado” administrativo, las consecuencias operativas ya están en marcha. La Fundación Terminal Terrestre ha confirmado que, mientras se gestiona un nuevo proceso de contratación —que ahora estará bajo la lupa pública—, la seguridad de las instalaciones y de los usuarios quedará a cargo de los agentes de Segura EP. Esta medida busca garantizar el orden y evitar nuevos desmanes, mientras se inician las acciones legales para exigir a la empresa saliente las sanciones y reparaciones correspondientes por el uso ilegítimo de la fuerza contra trabajadores de la comunicación.
Este episodio deja en evidencia la necesidad de mayor rigurosidad en la contratación pública. No basta con adjudicar servicios; la fiscalización del comportamiento de los contratistas de seguridad es vital para evitar que quienes deben proteger a la ciudadanía se conviertan, paradójicamente, en sus agresores.
