La prolongada disputa legal que enfrenta a Ecuador con la gigante petrolera estadounidense ha alcanzado una resolución financiera definitiva en el ámbito del arbitraje internacional, marcando un hito controvertido en el histórico caso Chevron. Este martes 9 de diciembre de 2025, se confirmó que un Tribunal Arbitral ha ordenado al Estado ecuatoriano el pago de USD 220 millones a favor de Chevron Corporation. La decisión cierra la fase de cuantificación de daños conocida como “Track III”, parte de un litigio que ha mantenido en vilo las finanzas y la política nacional durante años.

La cifra final establecida por el tribunal se desglosa en USD 180’402,691.43 por concepto de capital y USD 40’404,250.51 correspondientes a intereses pre-laudo. Aunque el desembolso es significativo para las arcas fiscales, la Procuraduría General del Estado ha adoptado una postura optimista, calificando el resultado como una defensa exitosa. El argumento oficial radica en la comparación con las pretensiones originales de la petrolera: Chevron reclamaba una indemnización que, sumada a los intereses, ascendía a más de USD 3.350 millones. Según la lectura gubernamental, la estrategia de defensa logró evitar el pago de aproximadamente el 93% de lo demandado inicialmente, un “ahorro” que el gobierno de Daniel Noboa busca resaltar.

Afectados del caso Chevron

Sin embargo, la reacción social no se ha hecho esperar, abriendo un nuevo frente de conflicto interno. La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), organización que agrupa a las comunidades indígenas y campesinas perjudicadas por la contaminación en la Amazonía, ha rechazado tajantemente que el dinero de los ecuatorianos termine en las cuentas de la transnacional. En una maniobra legal inmediata, la UDAPT presentó un pedido ante el juez competente de Sucumbíos para exigir el “embargo inmediato del crédito de los USD 220,8 millones“.

Para los integrantes de la UDAPT, el pago es una afrenta moral y legal. Consideran que “no es adecuado ni justo que Ecuador deba pagar a Chevron” mientras las secuelas del que denominan “el peor crimen ambiental en nuestra Amazonía” siguen latentes y sin una reparación efectiva por parte de la empresa. La organización critica duramente la postura de la Procuraduría, señalando que el Estado parece “celebrar su derrota” al consolarse con pagar “solo” 220 millones, ignorando la deuda ecológica y humana que persiste en la región oriental.

Millonaria reparación

Este laudo arbitral, conocido como “Chevron III” (Caso CPA 2009-23), se deriva de una responsabilidad estatal que ya había sido establecida en 2018 bajo el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, específicamente en la fase denominada “Track II“. Es crucial distinguir que este pago penaliza al Estado ecuatoriano por presuntas violaciones al tratado y denegación de justicia en procesos comerciales previos, y es jurídicamente independiente de la sentencia de Lago Agrio que condenó a Chevron a pagar miles de millones por daños ambientales, una sentencia que la petrolera se ha negado a cumplir alegando fraude.

El presidente Daniel Noboa había anticipado semanas atrás que el escenario podría ser peor, estimando un pago cercano a los USD 800 millones. La reducción a 220 millones alivia la presión fiscal inmediata, pero reaviva la indignación de las víctimas locales. La UDAPT ha recordado que mantiene una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se establezca la supremacía de los derechos humanos sobre los intereses corporativos transnacionales.

Reacción de la petrolera Chevron

Por su parte, la petrolera Chevron ha manifestado que “le complace” la decisión del tribunal, cerrando así un capítulo financiero a su favor. Mientras tanto, en Ecuador, la disputa se traslada ahora a las cortes de Sucumbíos, donde se definirá si el Estado transfiere los fondos a la multinacional o si estos son retenidos para compensar, aunque sea mínimamente, a quienes han vivido décadas entre la contaminación. El desenlace de este embargo definirá el verdadero cierre de este capítulo del caso Chevron.