La aspiración de miles de ciudadanos de viajar al viejo continente sin las restricciones burocráticas actuales ha recibido un nuevo aliento desde las altas esferas de la política internacional. El Parlamento Europeo ha decidido reactivar el proceso para la exención de la visa Schengen para Ecuador, una noticia que resuena con fuerza en los pasillos diplomáticos de Quito y Bruselas. Esta decisión no es un hecho aislado, sino el resultado de una intensa agenda oficial liderada por representantes regionales que han puesto sobre la mesa la necesidad de equiparar las condiciones de movilidad de los ecuatorianos con las de sus vecinos colombianos y peruanos. La gestión realizada en la capital belga marca un hito en un camino que, aunque largo y con avances intermitentes, parece retomar un rumbo firme hacia la facilitación de viajes de corta estancia.
La vicepresidenta del Parlamento Andino por Ecuador, June Bohórquez, fue la encargada de encabezar esta misión estratégica. Durante su visita a Bruselas, presentó una serie de informes técnicos que detallan los argumentos económicos, sociales y humanitarios que respaldan la solicitud ecuatoriana. Según la Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano-Catalán, estos documentos fueron cruciales para que el tema fuera incluido oficialmente en el orden del día del legislativo europeo. La diplomacia parlamentaria ha demostrado ser una herramienta efectiva para desbloquear procesos que parecían estancados, poniendo de relieve la importancia de mantener un diálogo constante y técnico con los socios europeos.
Argumentos de peso: economía y demografía
Uno de los puntos fuertes de la argumentación ecuatoriana radica en la significativa contribución de su diáspora en Europa. Bohórquez destacó que miles de compatriotas, especialmente aquellos radicados en España y Cataluña, son piezas fundamentales en el dinamismo de sectores clave como el comercio, los servicios y la economía del cuidado. Además, su presencia aporta a la sostenibilidad demográfica de regiones que enfrentan el envejecimiento de su población. Este enfoque busca demostrar que la exención de la visa Schengen no solo beneficia a Ecuador, sino que responde a una realidad de integración y cooperación mutua que ya existe en la práctica. La eliminación de barreras visados facilitaría aún más este intercambio, potenciando el turismo y las oportunidades de negocios bilaterales.
Sin embargo, el camino no ha estado exento de obstáculos. Cabe recordar que en febrero de 2025, la Comisión Europea había manifestado que no estaba en posición de comunicar cambios en las listas de países exentos de visado, lo que generó incertidumbre. A pesar de ello, la insistencia de las autoridades ecuatorianas se ha mantenido. En septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, también sostuvo reuniones con delegaciones europeas para reiterar esta demanda histórica. La persistencia institucional es clave, ya que Ecuador busca corregir su exclusión del proceso que benefició a otros países de la región en 2016, cerrando así una brecha que se percibe como injusta en el contexto andino.
Próximos pasos y expectativas realistas
Aunque la inclusión del tema en la agenda parlamentaria es un avance significativo, es importante manejar las expectativas con prudencia. El proceso legislativo y administrativo en la Unión Europea es riguroso y requiere de evaluaciones constantes. La decisión política del Parlamento debe ir acompañada de validaciones técnicas por parte de la Comisión Europea, que examina criterios de seguridad, control migratorio y respeto a los derechos humanos. La seguridad interna y la estabilidad política de Ecuador son factores que, indudablemente, estarán bajo la lupa de los evaluadores europeos. No obstante, el hecho de que el tema haya vuelto a la mesa de discusión es, en sí mismo, una victoria diplomática que abre la puerta a futuras negociaciones.
La comunidad ecuatoriana, tanto dentro como fuera del país, observa con atención estos desarrollos. La posibilidad de viajar por el espacio Schengen sin la necesidad de tramitar un visado previo transformaría la dinámica de miles de familias, estudiantes y empresarios. Este beneficio permitiría estancias de hasta 90 días por turismo o negocios, eliminando costos y tiempos de espera que hoy dificultan la conectividad. Mientras se aguardan nuevas noticias desde Bruselas, el gobierno y los representantes andinos deberán mantener la presión y continuar demostrando que Ecuador cumple con los estándares necesarios para ser un socio confiable en materia de movilidad. La esperanza de un libre tránsito está más viva que nunca, impulsada por una estrategia que combina argumentos técnicos con una fuerte voluntad política.
