El asambleísta Luis Fernando Molina, de la bancada de Revolución Ciudadana, presentó el 29 de diciembre una solicitud de juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Johanna Verdezoto.
El pedido, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, se basa en presuntas acciones y omisiones durante el proceso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura en 2025, que habrían vulnerado principios de legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica.
Detalles del pedido
La solicitud ingresó al despacho presidencial de la Asamblea el 29 de diciembre, respaldada por firmas de la bancada de Revolución Ciudadana y un informe del Observatorio Legislativo. Molina invocó los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para fundamentar la acción. En el documento, se señala que las actuaciones de los vocales no se limitaron a decisiones administrativas, sino que evidenciaron un ejercicio irregular de competencias, afectando la institucionalidad del país y el interés público.
Además, el asambleísta solicitó que, al finalizar el receso legislativo, el expediente sea remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación y trámite correspondiente.
Contexto del proceso cuestionado
El CPCCS es el organismo encargado de designar autoridades de control, incluyendo los vocales del Consejo de la Judicatura, responsables de la administración y disciplina de la función judicial en Ecuador.
En septiembre de 2025, el pleno del CPCCS designó a los integrantes del Consejo de la Judicatura para el período 2025-2031, tras un concurso que incluyó ternas enviadas por instituciones como la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General y la Función Ejecutiva.
Durante ese proceso, se presentaron impugnaciones ciudadanas contra algunos postulantes, las cuales fueron resueltas por una comisión técnica y aprobadas por el pleno. El pedido de juicio político surge en un contexto de cuestionamientos a la designación, aunque el documento se centra en el presunto incumplimiento de funciones por parte de los vocales acusados.
Trámite legislativo
El juicio político requiere, en esta etapa, la calificación por el CAL y posterior sustanciación en la Comisión de Fiscalización. Para la censura y destitución de vocales del CPCCS, la Asamblea necesita al menos 77 votos en el pleno. Este pedido se presenta en paralelo a otra solicitud de enjuiciamiento contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Por su parte, Molina enfatizó que el proceso busca garantizar el cumplimiento de normas constitucionales en la selección de autoridades judiciales.
